Con la entrada en funcionamiento de la prescripción electrónica por la Agència Valenciana de Salut del Departamento de Salud 5 (exceptuando Valencia ciudad), que incluye a las poblaciones de Alboraya, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Albalat dels Sorells, Foios, Vinalesa, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Meliana, Albuixech, Emperador, Massalfassar, Museros y Tavernes Blanques, más de un millón de valencianos (1.150.000) tienen acceso ya a los servicios de receta electrónica, disponible en las 445 oficinas de farmacia abiertas en las citadas poblaciones.
Los presidentes de los tres colegios de farmacéuticos de Castellón, Alicante y Valencia, Jesús Bellver, Jaime Carbonell y María Teresa Guardiola, respectivamente, se reunieron ayer con el conseller de Sanidad, Luis Rosado, y el director general de Farmacia, José Clérigues, para abordar la situación de impago de las recetas de la Agencia Valenciana de Salud.
Pocas horas han estado de huelga las oficinas de farmacia de las provincias de Alicante y Castellón. El anuncio del Gobierno de la Generalitat de que iba a hacer frente a la deuda acumulada a través de un calendario de pagos avalado por el rescate del ejecutivo central ha hecho que los profesionales alicantinos y castellonenses desistieran de proseguir con el cierre patronal.
Los representantes de todo el sector farmacéutico –industria, distribución y oficinas de farmacia– se reunieron ayer en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para analizar la difícil situación económica en la que se encuentran las oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana, por el impago de las facturas de los medicamentos por parte de la Generalitat, que adeuda las facturaciones de febrero, marzo, abril, mayo y junio.
«El Gobierno está elaborando una solución global de pagos por parte del Ministerio de Hacienda para la deuda de la Comunidad Valenciana con las oficinas de farmacia. Esta solución exige la definición de procedimientos administrativos que no pueden ser inmediatos, pero existe el compromiso de tenerlos definidos en un plazo de dos semanas. Para que ese estudio se realice sin presiones, se solicita la interrupción del cierre de las oficinas de farmacia durante ese periodo».
El sector farmacéutico valenciano se encuentra en una situación muy delicada desde que a mediados del año pasado la administración valenciana interrumpiera los pagos periódicos con que abonaba las recetas dispensadas y comenzara a acumular deuda.