El Colegio de Farmacéuticos de Valencia y la Asociación Empresarial Farmacéutica Valenciana han convocado, por acuerdo de la Asamblea de los farmacéuticos valencianos del pasado jueves, el cierre de las oficinas de farmacia valencianas los días 7 y 8 de junio para solucionar el gravísimo problema de los impagos por parte de la Generalitat, dado que el Consell ha incumplido, de nuevo, los compromisos.
El Consell Valencià de Col·legis de Farmacèutics y las Asociaciones Empresariales Farmacéuticas de la Comunidad Valenciana (CONFAR) consideran inaceptable que no exista liquidez, cuando todavía se adeudan a las oficinas de farmacia las recetas dispensadas desde el 1 de octubre.
La «pax» valenciana a la que se llegó entre la Administración sanitaria valenciana y las oficinas de farmacia ha durado bien poco. Ante el incumplimiento del calendario de pagos propuesto por la Conselleria de Hisenda, los colegios oficiales han decidido salir a la calle y manifestar su pública repulsa además de anunciar tres jornadas de paro los días 19, 20 y 21 de diciembre.
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia ha convocado para esta noche (13 de diciembre) una Asamblea General Extraordinaria para decidir el calendario de medidas de protesta –movilizaciones y cierres– ante el incumplimiento del segundo de los pagos a las oficinas de farmacia de los seis a los que se habían comprometido la Conselleria de Sanidad y la de Hacienda. Con la nueva facturación del mes de noviembre, la deuda total a las oficinas de farmacia alcanza ya casi los 550 millones de euros.
«La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias adeuda a día de hoy 37 millones de euros a las oficinas de farmacia de la comunidad autónoma. Esta cifra ascenderá a 80 millones de euros el día 20 de noviembre». Con estas palabras comienza un comunicado hecho público hoy por los colegios de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, de la Federación de Farmacéuticos de Canarias y de Distribución Farmacéutica Canaria
Los impagos de la factura farmacéutica por parte de la Administración van extendiéndose como una mancha de aceite sucio por todas las comunidades autónomas. No se trata ahora de intentar analizar los diferentes grados de incumplimiento y las diferencias de actitud del incumplidor, que las hay, ni la influencia de las diferentes situaciones electorales de cada comunidad, que existen. Ya habrá tiempo de hacerlo después de las elecciones del 20 de noviembre. Lo que ahora es fundamental es recalcar que lo que está sucediendo no es un problema de las farmacias –sí que lo es para las farmacias–, lo que sucede realmente es que las cuentas de nuestro país no son lo suficientemente solventes para cumplir una prestación pública a la que tienen derecho los ciudadanos.