Invito a reflexionar si sería más oportuno autorizar el ejercicio de practicantes de nuevo en las farmacias procurando recuperar que vacunarse es un bien comunitario.
En el momento en que el lector tenga acceso a este número de El Farmacéutico se habrán acabado de celebrar las nuevas elecciones generales al parlamento de nuestro país.
A pesar de haber transcurrido más de 20 años desde la entrada en vigor de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU, 1994), seguimos viendo arrendamientos sometidos al concepto popularmente conocido como «renta antigua». Estos contratos, formulados al amparo de la anterior normativa arrendaticia, están sometidos a la prórroga forzosa a favor del arrendatario, que podrá seguir ocupando el local de su oficina de farmacia hasta su jubilación o fallecimiento.
El sector de las oficinas de farmacia vive un tiempo de cambios, de esto no hay ninguna duda. Aun así, tengo la sensación de que los esfuerzos de una mayoría del sector por resistirse empecinadamente a cualquier modificación del estatus están, de momento, ralentizando la llegada de nuevas formas y de nuevas ideas para modernizar el sector.
Los ciudadanos somos espectadores atónitos de la discusión entre eruditos de la economía sobre el final de la crisis. La imagen se asemeja a la del pobre paciente en la cama del hospital rodeado de un ejército de batas blancas que discuten sobre las bondades o las maldades del tratamiento aplicado, mientras el protagonista se retuerce de dolor en un discreto segundo plano.