Continúa el reguero de anuncios de recortes, las exigencias del directorio europeo están marcando la agenda de la toma de decisiones. Todo indica que la agenda es extremadamente exigente y que el proyecto de presupuestos presentado requería un nuevo retoque de nada más y nada menos 10.000 millones de euros para ser bendecido.
Después del Consejo Interterritorial de Sanidad la ministra del ramo presentó los resultados de la reunión en la que se debían concretar las medidas que afectaban al sector y a los ciudadanos. No fue una rueda de prensa brillante. Un país expectante tras el anuncio de un recorte de 7.000 millones de euros en el presupuesto de la sanidad pública se merece, al menos, un poco más de orden y de concreción.
Una vez más, nos quedó la sensación de que los responsables de la sanidad no tienen un plan coherente para lograr la tan cacareada sostenibilidad del sistema sanitario y que ha pesado más el anuncio de unas cifras estratosféricas de supuesto ahorro que la exigencia y el rigor en los planteos y en las medidas adoptadas. La nota aclaratoria emitida por el Gobierno con el rimbombante título «Reforma que garantiza la sostenibilidad de la sanidad pública» pone un poco más de orden, pero continúa dejando en el aire muchas incógnitas.
Después de un análisis de las medidas recogidas ya en el RD correspondiente, en el apartado gasto farmaceutico, se puede deducir que la recaudación generada por el aumento del copago de la prestación farmacéutica no superará los 800 millones de euros anuales, por lo que para llegar al objetivo de ahorro anunciado en este apartado de 3.550 millones de euros –más de la mitad del objetivo del ahorro sanitario previsto– faltan aún 2.750 millones. Se deduce de la nota publicada y de la lectura del RD la intención de que éstos se produzcan por la desfinanciación pública de algunos grupos de medicamentos, por una disminución inducida del número de unidades consumidas y por el abaratamiento de los medicamentos. Sea como sea, 2.750 millones es aproximadamente el 20% de la factura pública de medicamentos.
No queremos ser pesimistas ni agoreros, pero una vez más los números no cuadran y todo indica que para hacerlos cuadrar se ha escogido actuar sobre el sector farmacéutico, que ya empieza a parecerse más a un punching ball que a lo que realmente es, un sector fundamental de la sanidad y de la economía del país. Esta reiteración nos obliga a afirmar que no se afronta con rigor y sensatez el problema crucial: hacer sostenible un sistema sanitario con un agujero estimado de 15.000 millones de euros y que no recibe los recursos necesarios en los presupuestos. Un hábito que ya podemos calificar de tozudez histórica.
Tenemos todo el derecho a lamentar esta política cortoplacista y discrecional, pero a la vez es absolutamente prioritario para el sector entender que el modelo de negocio actual, basado en el consumo de medicamentos, está en una situación comprometida y presenta unas perspectivas a corto y medio plazo de estancamiento, lo que obliga a una profunda reflexión y a la elaboración de alternativas.
Las cosas están muy duras, no somos insensibles a la dureza del entorno ni incapaces de entender que son necesarios ajustes, pero ¿es mucho pedir que de una vez por todas cojan el toro por los cuernos y se dejen de manoletinas de cara al tendido? Una demanda que aún es más acuciante si siempre son los mismos quienes sufren las cornadas.