No, ni es publicidad encubierta ni cobro nada de Pfizer, pero lo de este medicamento me tiene anonadado. Evidentemente dejo el análisis farmacológico y la valoración de su aportación real al control de la COVID-19 a los que realmente saben. Lo que me tiene estupefacto son las decisiones que se están tomando con respecto a su dispensación y las consecuencias que de estas se derivan.
Este medicamento está indicado en algunos casos concretos de pacientes diagnosticados de COVID-19 por el médico, normalmente el de cabecera en atención primaria. Su efectividad es mayor si se administra en las etapas iniciales de la infección, por vía oral y durante cinco días de forma ambulatoria. O sea, un paciente con determinadas patologías concomitantes se encuentra mal y va al médico, le diagnostican COVID-19 y, según el protocolo establecido, el médico le prescribe el antiviral que da nombre al título de este editorial y que deberá empezar a tomar inmediatamente en su casa durante los cinco días siguientes. Vamos a ver, tal como lo tenemos organizado en este país, lo lógico es pensar que el médico le hará la receta y que el paciente irá a su farmacia de confianza y allí obtendrá su medicamento, que le será dispensado por el farmacéutico, un farmacéutico que se asegurará de que el paciente conoce todo lo necesario sobre su medicamento y su correcta administración. ¿No es así? Todo muy lógico y coherente con el proceso asistencial más adecuado en este caso.
Todo muy lógico y coherente, pero parece que no va a ser así exactamente. En estas semanas hemos asistido a una serie de decisiones de los diferentes sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, que van desde que ese medicamento será entregado en el domicilio desde el propio sistema hasta que se podrá conseguir en la farmacia, sin retribución para el farmacéutico. Existen variaciones diversas, pero en cualquier caso este medicamento no va a dispensarse de la forma establecida para los medicamentos de tratamientos ambulatorios en los que el farmacéutico desempeña un papel de controlador y asesor a pie de calle. Por esa labor el farmacéutico comunitario cobra, por eso y no por otra cosa. Concretamente, los titulares de las farmacias conciertan ese servicio con el SNS, y para poder ofrecerlo financian la infraestructura necesaria, tanto material como de personal.
Que alguien me explique la razón por la que este medicamento debe ser una excepción, pero, por favor, que no intenten hacerme comulgar con ruedas de molino, que ya tengo la laringe irritada de tanto tragar.
Lo que me tiene estupefacto son las decisiones que se están tomando con respecto a su dispensación y las consecuencias que de estas se derivan
