Carmen Peña deja la presidencia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) de forma inesperada, ya que presentó su dimisión, junto con todo su equipo, antes de finalizar el periodo legislativo por el que había sido escogida. Es normal que exista una cierta conmoción en el sector y que se hayan planteado algunas cuestiones, y que, como es habitual, en los corrillos de la profesión, incluso los de los mejor informados, la rumorología encuentre el terreno abonado.
No es una característica de esta revista interesarse por los comentarios de los mentideros apostados cerca de la calle Villanueva, ya hay otros que se dedican a eso, pero la ocasión se merece algún comentario más que la simple descripción del suceso y las protocolarias palabras de despedida.
Se ha demostrado, aunque la protagonista lo desmintiese en el inicio de la legislatura, que, aunque estatutariamente no lo fuese, compatibilizar los dos cargos que ostentaba Carmen Peña era un equilibrio inestable. Nada tienen que ver las funciones y los objetivos de dos instituciones tan distintas como las actuales CGCOF y Federación Internacional de Farmacéuticos (FIP). Independientemente de sus funciones institucionales, el CGCOF es también el lobby de las farmacias de España, y la defensa de sus intereses legítimos y específicos acapara la mayoría de sus esfuerzos y configura el argumento del discurso. Un discurso difícilmente aplicable desde la presidencia de una organización que reúne a todos los farmacéuticos del mundo que ejercen su profesión en modelos radicalmente distintos.
Ahora sólo cabe mirar hacia el futuro. Esperar que Carmen Peña ejerza su presidencia con habilidad e inteligencia y que el nuevo equipo directivo del CGCOF interprete con valentía la etapa crucial que vive la profesión, la necesidad de adecuación del tan cacareado modelo español de farmacia y la modernización de las organizaciones que lo representan, empezando por el mismo CGCOF.

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