La SEFAR recuerda que además el RDL establece que para ser beneficiario de estas aportaciones el farmacéutico «...no tiene que haber sido objeto de sanción administrativa o inhabilitación profesional...», pero en cambio no establece «ni la tipología de la sanción ni la caducidad de la misma», por lo que en opinión de esta asociación condena «eternamente a una farmacia que ha sido sancionada –incluso por una sanción leve– a no percibir estos fondos derivados de la aplicación del RDL 16/2012».
Por otra parte, el estudio concluye que «una vez determinado que los gastos de una farmacia de baja facturación ascienden a 1.511, 51 euros mensuales sería necesario que las implementaciones en el margen derivadas de este RDL se implementaran, con el objeto de garantizar la accesibilidad y la calidad del servicio a los inputs reales que una oficina de farmacia tiene que hacer frente, garantizando una adecuada prestación del servicio y unas condiciones optimas económicas a los prestadores del mismo».
Inviable
Según el estudio «el actual modelo de proximidad vigente en el país es inviable en las actuales condiciones de planificación y retribución» y «resulta incongruente que en un sistema intervenido a nivel estatal en casi todos los aspectos de su actividad se siga manteniendo un sistema retributivo que perjudica la mala ubicación y no estimula la actividad profesional». Por todo ello, para la SEFAR «la situación ha llegado a un punto en el que existe un considerable número de farmacias que a día de hoy no son viables y que a medida que continúen las políticas de contención de gasto irán teniendo que cesar en su actividad si no se actúa de manera coyuntural sobre ellas».
La SEFAR entiende que las medidas tomadas hasta ahora «no pueden calificarse más que como medidas coyunturales» y que «nunca serán una solución ya que ésta ha de ser estructural».
Denuncia, asimismo, que resulta incoherente que «todos los tramos del escalado desgraven 850 euros/mes a excepción del tramo 0€-25.000 €, que además provoca un retorno a la oficina de farmacia situada en dicho tramo menor cuanto menor sea su facturación, o lo que es lo mismo, se ayuda menos a la farmacia con menor viabilidad, condenándola a su cierre».
El estudio y una carta explicativa que incide en ello han sido enviados al Ministerio de Sanidad y a los siguientes grupos parlamentarios con presencia en el Congreso de los Diputados: PP (presidente de la comisión de Sanidad, Mario Mingo), PSOE (José Martínez Olmos), IU (Gaspar Llamazares), CIU (M.ª Eugenia Quetglas y Carolina Herrero) y UPyD (al e-mail de su grupo parlamentario).
Vea el informe completo en el pdf adjunto