La farmacia valenciana se moviliza contra el impago de Sanitat

A las sospechas de demora en el pago pronto se unió la confirmación del impago, una vez que la Administración sanitaria valenciana verbalizó su incapacidad de satisfacer la factura farmacéutica a las oficinas de la Comunitat. La factura del mes de julio, correspondiente a las recetas dispensadas en mayo, se quedó por abonar. Una Administración, próxima al estado de quiebra, a la que no le queda otra excusa que lamentar la escasa financiación que le llega de Madrid.

Ante el cariz que tomaba la situación los colegios oficiales valencianos, de por sí dialogantes con la Conselleria de Sanitat, han decidido pasar a la acción, obligados por la pésima coyuntura económica y la amenaza de concurso de acreedores para algunas de las oficinas de farmacia. La primera actuación clara fue, vía Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (COFV), empapelar los escaparates de las farmacias de carteles del tipo «¿Sabía que si la Generalitat sigue sin pagarnos, las farmacias no podremos comprar más medicamentos y no podremos dispensárselos a usted?», «Según la administración ya no queda dinero para medicamentos, consulte a su farmacéutico», «¿Sabía que algunos laboratorios comienzan a no servir medicamentos a las farmacias preocupados por los impagos de la Generalitat?», o «Señores clientes: disculpen las molestias si hay algún fallo de dispensación. La administración valenciana no tiene dinero para sus medicamentos. No paga a las farmacias desde el mes de julio y no podemos más».

Luego fue la amenaza de tres jornadas de huelga que el Colegio de Castellón, reunido en junta extraordinaria, aprobó por unanimidad, circunstancia que podía propagarse al resto de oficinas de la Comunitat. Ante la posibilidad de que se recrudeciera el conflicto, el pasado tres de noviembre se convocó una reunión urgente. Por un lado, el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, el titular de Sanitat, Luis Rosado, el secretario de Hacienda José Miguel Escrig, el director general de Farmacia, José Clérigues. Por otro, los presidentes de los tres colegios valencianos oficiales. La Administración valenciana trasladó una propuesta para normalizar los impagos de la Conselleria de Sanitat a las oficinas de farmacia.

Como consecuencia de la misma, acaba de llegar una primera partida, aunque mínima, a los farmacéuticos. El día 8 de noviembre se recibieron 60 de los cerca de 500 millones que adeuda el Consell, correspondientes al 45% de la factura del mes de julio. Otros 60 millones, en virtud del calendario propuesto, se han de liquidar durante los diez primeros días de diciembre. Una mitad de la factura del mes de agosto se efectuará a finales de diciembre, mientras que la otra se abonará en los primeros diez días de enero de 2012. Ese mismo mes verá como se satisface la factura de septiembre. A partir de febrero se adecuarán los pagos de 2012 con respecto al Concierto. Con este acuerdo, todavía quedarán pendientes las facturaciones de octubre y noviembre, cuya forma y plazo de pago comenzará a negociarse en breve. Además, se constituirán tres mesas paritarias de negociación sobre el sistema de urgencias de las oficinas de farmacia, la atención farmacéutica domiciliaria y el seguimiento de la aplicación del decreto de precios mínimos que ha entrado en vigor y los medicamentos de diagnóstico hospitalario.

María Teresa Guardiola, presidenta del COFV, considera que «aunque este pago da un pequeño respiro y el acuerdo es importante porque abre una vía de solución del problema, la situación por la que atraviesan las oficinas de farmacia todavía es muy crítica. Estamos resistiendo hasta el límite de nuestras posibilidades y confiamos en que el calendario de pagos se cumpla, porque de lo contrario, las oficinas de farmacia no van a poder resistir».

Desde el COFV se recuerda que el progresivo empobrecimiento que han traído los sucesivos decretos contra la farmacia desde el año 2000 hasta la fecha, impiden que se pueda «prestar un servicio integral a los ciudadanos si la Administración no paga a los 30 días». También se apunta que las oficinas rurales y las de zonas turísticas son las que están viviendo una situación más grave, aunque el resto de farmacias «tiene una reducción del stock del 90%». Por ello, se reclama, desde esta organización colegial, «presupuestos finalistas y reales y que sea competencia del Estado el pago de los medicamentos o que se arbitren líneas de financiación para corregir las dificultades que puedan tener las autonomías».

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