El Convenio mantiene lo previsto en el acuerdo firmado el año pasado, que preveía una duración de 12 meses y la posibilidad de renovación anual hasta un máximo de tres años. Se vertebraba sobre la conciliación de los objetivos del Estado sobre déficit público y sostenibilidad del SNS, las necesidades sanitarias y farmacéuticas de la población y los retos de futuro de un sector industrial fundamental para la economía española como es el farmacéutico. En este sentido, la renovación responde al cumplimiento de tales objetivos y al clima de diálogo y colaboración que Gobierno y Farmaindustria han venido manteniendo a lo largo de este tiempo.
El Convenio obliga a acompasar el crecimiento del gasto público en medicamentos al del PIB, de modo que permita al Gobierno cumplir sus objetivos de ajuste presupuestario y garantizar al tiempo el acceso de los pacientes a los medicamentos necesarios. En el caso de que se sobrepase el umbral de gasto previsto, porque las necesidades terapéuticas de la sociedad superen al desarrollo de la economía, Gobierno y Farmaindustria se comprometen a plantear fórmulas que lo hagan compatible, incluidas compensaciones por parte de la industria.
En definitiva, el acuerdo renovado reconoce el valor de la innovación, compromete a Administración e industria farmacéutica en una política más estructural frente a planteamientos coyunturales y muestra las posibilidades de una colaboración público-privada en la busca de soluciones innovadoras y sobre la base del riesgo compartido.