En las Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias que elabora el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, cada año podemos apreciar la existencia de numerosos «copropietarios» de oficinas de farmacia en nuestro país. Sin ir más lejos, en el último informe, elaborado el 31 de diciembre de 2015, se nos muestra que hay 5.733 farmacéuticos/as que ejercen su actividad empresarial bajo la fórmula de copropiedad.
Como si fuera la Navidad y sus turrones, durante estos últimos meses del año aterriza en nuestra retina económica la campaña de planes de pensiones en los medios de comunicación, entidades financieras y aseguradoras.
No es la primera (ni la última) ocasión que, en esta tribuna, tratamos el siempre espinoso tema de las visitas de la inspección fiscal in situ en la propia oficina de farmacia.
Dicen los profesionales de la comunicación que «la realidad siempre supera la ficción». Y aunque al lector pueda parecerle mentira, en fiscalidad también se cumple esta premisa.
En el momento en que el lector tenga acceso a este número de El Farmacéutico se habrán acabado de celebrar las nuevas elecciones generales al parlamento de nuestro país.
Después de la tensa espera del pasado año 2015, donde, in extremis, se consiguió, a instancias del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, la emisión por parte de la Dirección General de Tributos (DGT) de la consulta V4142-15, que determinaba la tributación definitiva de las copropiedades de farmacia, nos encontramos con la segunda vinculante ya durante el primer trimestre de 2016, que refrenda lo manifestado en diciembre, pero bajando a un caso práctico concreto.