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Ya lo tenemos aquí, con su membrete oficial y los consensos políticos necesarios en el Consejo Interterritorial para hacerlo creíble y a su vez preocupante para el sector. A bombo y platillo el Ministerio de Sanidad ha publicado el «Plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el Sistema Nacional de Salud: medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos».

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Puede parecer una pedantería, pero se veía venir. Algunos creían que la finalización de las subastas en Andalucía abría un camino que nos llevaría a una nueva política sobre el gasto farmacéutico, pero no era así. Había señales evidentes de que se estaba cocinando un nuevo capítulo de la serie iniciada ahora hace aproximadamente una década y ya tenemos el tráiler de un nuevo capítulo aquí.

Al observar sin apasionamiento la trama de esta historia iniciada hace una década, deducimos que las medidas adoptadas tenían como objetivo, una vez realizado el gran recorte del trienio fatídico (2010-2013), mantener la factura farmacéutica a través de receta en crecimientos interanuales muy moderados. La estrategia seguida ha sido compensar con bajadas muy acusadas del precio de los medicamentos que ya han perdido la patente, el precio mucho más elevado de las innovaciones terapéuticas. El resultado final es la práctica congelación del precio medio de la receta y un incremento moderado del número de ellas. Todo ello aderezado con el desvío de muchas de esas innovaciones hacia el ámbito hospitalario, cuyos mecanismos de compra son distintos y cuya asignación de gasto no computa en la misma cuenta contable.

Lo cierto es que las exigencias europeas en lo que se refiere al gasto público, las estrecheces presupuestarias y la inexistencia de medidas de más calado estructural, están llevando al límite esta política de precios. Podría parecer que había llegado el momento de hacer una reflexión y de buscar otras vías, pero lo que se desprende de este documento es que están dispuestos a dar otra vuelta de tuerca al sistema y además no renuncian a reclamar al menos una parte del margen comercial generado en la negociación de compra de las oficinas de farmacia, que era el objetivo último de las subastas andaluzas.

Evidentemente es un plan que afecta a muchos agentes del sector y que pisa muchos callos de distintos pies, pero en eso del dolor está claro que el más intenso es el que padece uno mismo, y a la oficina de farmacia le va a doler mucho.

Seguramente ya se han iniciado las negociaciones pertinentes para intentar atenuar los efectos devastadores que puede tener si su aplicación se traslada tal como está planteada, pero lo cierto es que el documento insiste en un camino que presumiblemente tenga corto recorrido, pero que sea altamente dañino. Es necesaria, exigible incluso, la queja del sector, pero también debería serlo una reflexión que vaya más allá. ¿Hace falta mucho más para plantear que el modelo de retribución de la oficina de farmacia no conviene que esté ligado exclusivamente al margen sobre el precio del medicamento que dispensa?

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