Ha sido un proyecto que ha requerido transformaciones tecnológicas importantes tanto en los centros de salud como en las oficinas de farmacia y que ha permitido reorganizar, introduciendo grandes dosis de eficiencia, tanto los procesos de prescripción como los de dispensación y de facturación. Salvo extrañas excepciones ningún agente implicado manifiesta nostalgia por el antiguo sistema. Algunos lamentan el sobreesfuerzo que ha representado esta transformación que ha implicado inversiones y cambios de rutina, pero la inmensa mayoría, como casi siempre silenciosa, está satisfecha.
Los libros de historia que se ocupen de la evolución del sistema sanitario ya intentarán explicar los entresijos de un proceso complejo y desvelarán sus luces y sus sombras. Muchos capítulos se podrán escribir explicando el intenso debate sobre el modelo que debía implantarse, sobre las razones de las diferencias entre los distintos sistemas de salud autonómicos, las dificultades de financiación, la entrada en escena y las negociaciones con los nuevos operadores tecnológicos, las adaptaciones necesarias en los distintos conciertos de prestación farmacéutica y muchos otros aspectos que han ocupado durante muchos años a personas que, ya sea por obligación de su puesto o por devoción al proyecto, han ayudado a que la receta electrónica sea una realidad.
Lo cierto es que el sector ha disminuido claramente el tiempo dedicado a tareas burocráticas y que su implantación no ha significado para sus bolsillos un gasto superior al que le suponía mantener el sistema basado en el papel. Sobre esta base sólida ahora es posible esperar que la infraestructura creada sea útil para avanzar en aspectos de mucho más calado.
El sistema creado, hoy por hoy, ya ofrece al farmacéutico una visión más global del tratamiento del paciente, pero ahora ya no es una quimera, como lo era realmente hace una década, imaginar aplicaciones que conecten de forma eficaz y extensa la red de farmacias con el SNS y que permitan flujos de información bidireccionales útiles para mejorar el cumplimiento correcto de los tratamientos y que la labor diseminada y discreta de los farmacéuticos comunitarios pueda protocolizarse y cuantificarse de manera objetiva.
Después de, al menos, dos décadas de insistencia, de multitud de pruebas piloto, de artículos en publicaciones y de intervenciones reivindicativas en congresos y en mesas de negociación que no han logrado cambios significativos en esa dirección, ha llegado el momento de proponer acciones concretas que tengan una aceptación suficiente para ser realizadas por una parte significativa de las farmacias y que sean aceptadas por la mayoría del sistema sanitario como útiles y ventajosas. La alternativa, continuar insistiendo en el discurso, puede transformarse en una pendiente muy difícil de escalar para unas piernas bastante castigadas.