¿Qué hubiese sucedido si la prestación farmacéutica funcionara mediante un sistema de reembolso? ¿Enviarían una carta a los ciudadanos lamentando no poder reembolsar el dinero de la medicación, serían capaces de no garantizar a ese sorprendido ciudadano una fecha para este reembolso al que tiene derecho? Me cuesta imaginarlo.

En el fondo, es eso lo que está sucediendo.

En nuestro país, un servicio más de los que presta la red de farmacias al sistema público de salud es el proceso de facturación de esta prestación, que evita al ciudadano el sistema de reembolso, y también lo es una parte de la financiación a cargo del sector del coste de estos medicamentos; ésas son dos más de las cláusulas del contrato entre la Administración y toda la red de farmacias. No parece razonable que en un momento de crisis económica y política profunda se plantee, como una obligación del sector, el tener que soportar con más carga de financiación, y que se intente imponerla a base de no pagar, y que incluso se pretenda justificar delante de la sociedad esta imposición por una supuesta situación financiera privilegiada.

El sector no es insensible a la grave situación del país, pero no puede ser la cabeza de turco de un sistema que no ha sido capaz de afrontar con realismo y rigor la insuficiencia de recursos para poder prestar en condiciones el catálogo ofrecido y tiene todo el derecho a ser tratado con seriedad, y eso quiere decir que las decisiones que le afecten han de tomarse después de un diálogo franco entre las partes, que en muchas ocasiones no se está dando. Nada va a ser igual después de esta crisis, pero sin un marco de estabilidad suficiente no se podrá exigir que el sector pueda afrontar todos los retos que deberá superar. No es demasiado pedir, ¿no?

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