En sus bolsillos, en las prestaciones a las que tienen derecho, en el mantenimiento y creación de las infraestructuras que utilizan, en los servicios básicos que el Estado está obligado a ofrecer. Todo eso, aunque el Gobierno que democráticamente sea escogido pueda modificarlo según los criterios que haya presentado en su programa, no debería quedar afectado por la incapacidad de llegar a acuerdos entre los partidos políticos. Lamentablemente existen indicios de que puede ser así.
Es una perversión del sistema democrático basado en el parlamentarismo que el debate quede secuestrado por las cúpulas de los partidos, transformándose ellas y sus intereses en el objeto del debate, olvidando, con una dosis elevada de cinismo, que son meros instrumentos canalizadores de la voluntad de los ciudadanos.
No todo es negativo en este escenario. Esta situación excepcional y perjudicial en muchos aspectos nos permite comprobar la fortaleza de la sociedad civil, que el trabajo bien hecho continúa haciéndose, que los profesionales son capaces de superar el hastío que provoca una desconexión cada vez más profunda entre los ciudadanos y los que deberían ser sus reales representantes.
Una parte de esa sociedad perpleja es el colectivo de profesionales farmacéuticos que prestan sus servicios en las más de veinte mil farmacias distribuidas por todo el territorio y que atienden diariamente a más de dos millones de ciudadanos.
Una vez más, a pesar de todos los pesares y de una dosis de incertidumbre muy elevada, el servicio farmacéutico se mantiene sin deterioro y los usuarios continúan manifestando un grado de satisfacción muy elevado. Seguramente porque saben que las farmacias tienen claro a quien se deben.