En dicha carta advierten a Rajoy de la gravedad de la situación tanto para las empresas nacionales del ámbito sanitario como para las compañías internacionales que operan en España, teniendo en cuenta el tamaño e importancia de este mercado en relación con otros países de nuestro entorno.
Situación insostenible
En concreto, los organismos firmantes denuncian que la deuda actual con la industria farmacéutica y con la de productos de tecnología sanitaria asciende a más de 12.000 millones de euros, con una demora media en el pago de más de 500 días, «lo que coloca a España en una situación insostenible que ha provocado ya el cierre de muchas empresas y una reducción continua del número de empleos directos e indirectos, con riesgo real de que se produzcan problemas de suministro de algunos productos».
En su escrito al presidente del Gobierno, estos organismos señalan que, aunque el anuncio de la concesión de créditos extraordinarios para las comunidades autónomas y la intención del Gobierno de respaldarlas constituyen mensajes positivos, no son suficientes, y advierten que «si no se actúa sobre el problema de la deuda sanitaria se deteriorará aún más la credibilidad y la imagen de España como país fiable para inversores y compañías, y se llevará a muchas empresas nacionales a la quiebra».
Medidas propuestas
Ante este escenario, que califican como «altamente preocupante», los firmantes proponen una serie de medidas entre ellas el establecimiento de plazos temporales concretos; la identificación de un interlocutor único en el Ejecutivo y el diseño de un mecanismo, respaldado por el Gobierno central, que establezca un calendario de pagos fiable, con la garantía de que el dinero efectivamente va a llegar a las empresas del sector.
También proponen establecer un marco que asegure la aprobación de presupuestos realistas que eviten la infrafinanciación, una gestión eficiente y racional de los presupuestos y una despolitización de la Sanidad, en la que la toma de decisiones «se base en motivos asistenciales y no electorales, y cambios regulatorios que doten a las empresas de protección jurídica en su actividad con las administraciones».
Los organismos firmantes de la carta afirman que estas medidas permitirían «afrontar el tema de manera realista y eficiente, y tranquilizarían a los accionistas internacionales, evitando la desaparición de muchas empresas, la pérdida de muchos puestos de trabajo, y la ruina de muchos pequeños empresarios».