Inequidad
En el comunicado Farmaindustria explica que con la subasta se excluirán de la dispensación con cargo al SAS los medicamentos que no hayan sido seleccionados mediante este sistema, aun a pesar de estar incluidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la prestación farmacéutica del SNS y cumplir las condiciones establecidas por la legislación estatal para ser dispensados en caso de prescripción por principio activo. Considera que de está forma se está «cercenando el acceso de los andaluces a cientos de medicamentos en la búsqueda de unos ahorros que en ningún caso van a conseguir solucionar las tensiones presupuestarias del sistema público de salud», lo que en su opinión constituye «un caso más de inequidad entre los pacientes españoles en función de la comunidad en la que residen» y contribuye a provocar «la ruptura de la unidad del mercado farmacéutico» y genera «un desequilibrio en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud».
Restricción de la competencia
A todo ello, la patronal de la industria farmacéutica añade que «desde un punto de vista industrial, el Decreto-Ley 3/2011 implica una grave restricción de la competencia para las compañías farmacéuticas, muchas de las cuales, especialmente los laboratorios innovadores, van a ver discriminados y expulsados de facto del mercado andaluz sus productos». Esta limitación a la competencia, según Farmaindustria, «podría infringir lo dispuesto en el artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».
Farmaindustria finaliza el comunicado anunciando que va a solicitar al Gobierno que «interponga Recurso de Inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley, y lamenta que el Servicio Andaluz de Salud haya decidido sacar adelante esta iniciativa pese al rechazo que su anuncio ha generado entre los distintos agentes sanitarios, tanto colegios de farmacéuticos, como la industria farmacéutica y la distribución».