Las oficinas de farmacia comunitaria están implantando cada vez más servicios profesionales que hacen que su actividad vaya más allá de la dispensación farmacológica. Durante la pandemia de la COVID-19 se pudo ver la importancia de estos servicios, recibiendo un importante impulso para su desarrollo. Falta todavía por ver, sin embargo importantes cuestiones, como la retribución de estos servicios que garantice su sostenibilidad.
Una de las mesas de Infarma Barcelona 2023 abordó los modelos retributivos en la dispensación de nuevos fármacos y servicios, y los expertos que participaron recalcaron la necesidad de integrar estos servicios en el sistema sanitario por el valor que suponen para los pacientes, destacando cómo en los últimos años se ha logrado avanzar de forma significativa en su implantación. La mesa estuvo moderada por Jordi Casas, presidente del COF de Barcelona y del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.
Ventajas de los servicios profesionales para el paciente
Durante la mesa, Caridad Pontes, gerente del Medicamento del Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, y José Manuel Ventura, director general de Farmacia y Productos Sanitarios de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, explicaron los procesos que se han llevado a cabo tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana para desarrollar y poner en marcha estos servicios profesionales en las farmacias comunitarias, en donde se ha buscado aprovechar la proximidad que ofrece la capilaridad de la red de oficinas de farmacia comunitaria y se ha tenido siempre en cuenta la importancia de poner al paciente en el centro de la atención. «La pandemia de la COVID-19 supuso una oportunidad de desarrollo y se recuperó la idea de valor que aportan estas actividades no vinculadas con la dispensación de fármacos», explicó Caridad Pontes.
Uno de los retos a afrontar con esta implantación de nuevos servicios cuando se hace en colaboración con las administraciones es la necesidad de garantizar una equidad en el acceso y no hacer distinciones en la prestación. Sin embargo, José Manuel Ventura destacó los importantes beneficios que estos proyectos aportan: «Hay una mayor satisfacción en los pacientes, es posible adaptarse mejor a sus necesidades, se fomenta su autonomía y este además percibe un aumento de la calidad y se logra una mayor y mejor atención».
A pesar de todas estas ventajas, también los expertos apuntaron algunas de las dificultades que tiene la implantación de estos servicios. «La protección de los datos de los pacientes es una de las principales complejidades, pero también los modelos de retribución son complicados y cada vez que se propone un nuevo servicio es necesaria una adecuada justificación de los beneficios que aporta a la ciudadanía», señaló Caridad Pontes, mientras que José Manuel Ventura añadió la dificultad de ponerse de acuerdo los diferentes actores del sistema que no necesariamente comparte los mismos objetivos. «La interlocución –dijo– acaba siendo al final también difícil cuando es necesario incorporar a otros profesionales más allá de los farmacéuticos»”.
El problema de la retribución
Todos los participantes en la mesa destacaron los grandes beneficios que estos nuevos servicios ofrecen a los pacientes, pero a pesar de que sobre esta cuestión no existe duda alguna, al final un asunto de gran trascendencia no deja de ser la sostenibilidad. «Está claro que el futuro de la oficina de farmacia pasa por ir más allá de la dispensación de fármacos y podemos aportar mucho al sistema sanitario, sobre todo en la prevención de enfermedades. Pero esta prestación de servicios tiene que ser remunerada y la farmacia tiene que ser sostenible», apuntó Montserrat Gironès, secretaria del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.
Como un ejemplo de la dificultad económica que estos servicios pueden suponer, David Pardo, director general de Fedefarma, expuso los costes que ha supuesto la dispensación de fármacos hospitalarios en las farmacias comunitarias, un servicio que se desarrolló a raíz de la pandemia para evitar que los pacientes más vulnerables tuvieran que acudir a por su medicación a los hospitales. «En ese momento nos estábamos jugando la verdadera razón de ser de la sanidad pública, al no exponer a las personas vulnerables. Así empezó este proyecto y desde entonces hemos hecho más de 88.000 entregas y dado servicio a más de 11.000 pacientes. Esto ha supuesto un gasto elevado que hemos asumido nosotros mismos, pero hemos de buscar una solución».
En su presentación, Montserrat Gironès también expuso las diferentes formas de retribución de servicios que existen, cada una con sus pros y sus contras. Pero apuntó que el modelo inglés de pago por disponibilidad y acto es uno de los que le parece que mejor se puede adaptar a la situación española y ofrecer una mayor seguridad a las oficinas de farmacia. «Saber que por disponer de un servicio tienes un fijo mensual te permite organizarte y tener esa seguridad de saber que podrás asumir el servicio, a lo que se añade que luego también percibes una cantidad por cada acto realizado. Esta es una fórmula que quizás deberíamos explorar».
David Pardo incidió en la necesidad encontrar una solución entre todos los actores del sistema para poder buscar un modelo que cubra los costes marginales y no colapsar los hospitales. «Es importante para eso buscar la confianza de la Administración y que tengan la seguridad de trabajar con nosotros. Es la única forma de conseguir hacer sostenible el sistema y frenar otros modelos no tan sociales de otras empresas que quieren introducirse en la distribución de fármacos».