Este Real Decreto Ley recoge las polémicas propuestas presentadas en el Consejo Interterritorial del SNS, celebrado el pasado 21 de julio, que consisten en una serie de medidas de austeridad en la prestación farmacéutica, con la finalidad de aliviar las dificultades financieras en los servicios de salud de las comunidades autónomas. El texto aprobado incluye, también, otro conjunto de acciones que buscan mejorar la calidad, la equidad y la cohesión mediante la aplicación en los sistemas de información sanitaria de las nuevas tecnologías y se prevé la mejora de la coordinación sociosanitaria con la elaboración de una estrategia a tal fin.
Con estas medidas el Gobierno confia obtener un ahorro para el conjunto del Sistema Nacional de Salud de unos 2.400 millones de euros anuales y de 167 millones en la aportación de los ciudadanos.
Prescripción por principio activo
Entre las medidas recogidas en el Real Decreto Ley destaca la generalización de la prescripción por principio activo. El texto aprobado establece que la prescripción de los medicamentos y de los productos sanitarios se realizará por su principio activo o su denominación genérica, respectivamente. Y a partir de esta prescripción, se dispensará en las oficinas de farmacia la presentación del medicamento o producto sanitario que tenga menor precio.
El Real Decreto Ley también establece modificaciones en el sistema de precios de referencia con el fin de agilizar el procedimiento de creación de nuevos conjuntos homogéneos de medicamentos, así como sus precios de referencia. Para ello, cada nuevo conjunto y la fijación de su correspondiente precio de referencia se crearán de forma inmediata después de la inclusión en la financiación pública del primer genérico perteneciente al medicamento de referencia.
Además, se suprime la posibilidad existente en la actualidad de que la rebaja de un medicamento que debe incorporarse a un conjunto con precio de referencia se haga de forma gradual en dos años. A partir de ahora esa rebaja deberá ser inmediata sin aplicar periodo transitorio.
Apoyo a la farmacia rural
Otra de las medidas destacadas es el establecimiento de un sistema de compensación para las farmacias ubicadas en núcleos pequeños de población, aislados o socialmente deprimidos. Se implanta un índice corrector del margen comercial de estas oficinas de farmacia, de tal manera que podrán incrementar su rentabilidad en función de sus ventas totales y de que colaboren en los diversos programas de uso racional de los medicamentos que establezcan las administraciones competentes.
Estas compensaciones, se percibirán con la factura mensual y podrán alcanzar un máximo de hasta 10.000 euros al año (833 euros al mes). La determinación de a qué oficinas de farmacia afectará, así como el procedimiento y la gestión de las compensaciones corresponderá a cada administración competente en la materia.
Con esta medida, el Gobierno intenta sentar las bases para garantizar la viabilidad de estas farmacias.
Otras medidas
El Real Decreto Ley también recoge la aplicación de una deducción del 15% a aquellos medicamentos que por carecer de genérico o biosimilar en España no se han incorporado al sistema de precios de referencia, si bien ha transcurrido un lapso de tiempo prudencial (10 años) para que el laboratorio fabricante haya amortizado las inversiones realizadas para poner el medicamento en el mercado.
Asimismo, de cara a mejorar la financiación selectiva y no indiscriminada de medicamentos por parte del SNS, se introducen distintos criterios, entre los que se encuentran: Gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para los que resulten indicados; Necesidades específicas de ciertos colectivos; Valor terapéutico y social del medicamento y su beneficio clínico incremental teniendo en cuenta su relación coste-efectividad; Racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el SNS; Existencia de medicamentos u otras alternativas terapéuticas para las mismas afecciones a menor precio o inferior coste de tratamiento, y Grado de innovación del medicamento.
Dentro del ámbito del uso racional de los medicamentos, el Real Decreto Ley establece que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) trabajará en la adecuación del contenido de los envases de los medicamentos a la duración real de los tratamientos de acuerdo con la práctica clínica. En esta misma línea, la AEMPS deberá concluir en el plazo de un año la revisión de los medicamentos ya autorizados.
Además, para garantizar un mejor uso de los medicamentos por parte de los pacientes, en especial los crónicos y polimedicados, los farmacéuticos deberán velar por el cumplimiento de las pautas terapéuticas establecidas por los médicos y deberán cooperar en el seguimiento de los tratamientos. Una vez dispensado el medicamento los farmacéuticos podrán facilitar sistemas personalizados de dosificación a los pacientes que lo soliciten, de cara a mejorar el cumplimiento de los tratamientos.
El texto también incorpora otras medidas de austeridad en la prestación farmacéutica, así como acciones relacionadas con la aplicación de las nuevas tecnologías (tarjeta sanitaria, historia clínica electrónica y receta electrónica) que mejorarán la calidad, equidad y cohesión del SNS
Además, se elaborará una estrategia de coordinación de la atención sociosanitaria en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley
Inquietud
Las primeras reacciones tras la aprobación del Real Decreto Ley han reflejado la preocupación de un sector que se siente casi acosado.
El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha manifestado que «se trata de medidas que vienen a incidir una vez más sobre la partida más eficiente, controlada y transparente de los presupuestos sanitarios –la del gasto ambulatorio de medicamentos– y que representa aproximadamente el 18% del gasto sanitario total». Y ha recordado que «desde hace 11 años, las farmacias llevan contribuyendo económicamente a la contención de la factura pública en medicamentos, acumulando hasta la fecha un total de 16 medidas, que están produciendo un deterioro progresivo en la economía de la farmacia. Esta realidad se ha visto agravada aún más con la situación de retrasos en el pago a las farmacias que se está produciendo en algunas autonomías».
Para la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), las medidas aprobadas por el Gobierno «limitan el acceso de todos los pacientes a los medicamentos» y «disminuyen considerablemente el nivel de prestaciones a los usuarios, suponen un ahorro del gasto mucho menor al anunciado, introducen nuevas categorías que necesitarán desarrollos legislativos para comprobar su utilidad y no representan ninguna mejora en la calidad y cohesión del SNS».
Con más optimismo se han recibido, en cambio, las compensaciones a la farmacia rural. Para el Consejo General «la aprobación de un sistema de compensación económica para las farmacias ubicadas en núcleos pequeños de población, aislados o socialmente deprimidos supone el reconocimiento de un problema puesto de manifiesto reiteradamente» por el sector. Y desde la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) se recuerda que «es la primera vez que a nivel nacional se articula un mecanismo de compensación hacia un tipo de oficina de farmacia perjudicada por mera cuestión de su ubicación» y «pese a que muchos puedan considerar exiguas las cantidades libradas por el Ministerio», la SEFAR agradece y resalta el esfuerzo que supone una aportación económica extra. Considera, asimismo, que este es «un primer paso, previo y necesario a la imprescindible reforma o modificación estructural del actual Modelo farmacéutico vigente en el país, y sienta las bases para garantizar su sostenibilidad y la del servicio que éste aporta a la ciudadanía».