Concretamente, el COF de Tarragona manifiesta su perplejidad «frente a la poca planificación, por parte de la Administración, a la hora de poner en marcha una medida tan compleja como ésta que afecta tanto a los ciudadanos como a los profesionales farmacéuticos». Expresa, asimismo, la necesidad ya comunicada a la Administración de conceder «un período no inferior a tres meses para la correcta aplicación con garantías tanto para el ciudadano como para el farmacéutico».
El COF de Tarragona también lamenta que se permitan «sistemáticas incorrectas que generen cobros más allá de los topes que le corresponden a cada paciente» y expresa su «desacuerdo en la aplicación de una duplicidad recaudatoria sobre un bien público como es el derecho de los pacientes a la medicación».
Pide, por último, que «después del enorme esfuerzo que ha tenido que realizar la farmacia catalana en la aplicación de la tasa y su explicación a los ciudadanos (...), la sistemática que se implante no dificulte aún más la dispensación de los medicamentos en las farmacias.