El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) valora positivamente las consideraciones incluidas en el borrador del Real Decreto por el que se modifica Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo respecto a la especial trascendencia de las farmacias que atienden a la población de zonas deprimidas. Así lo ha hecho saber en un comunicado en el que explica que «a falta de realizar un estudio del impacto económico sobre el alcance de las modificaciones, se comparte el reconocimiento de estas farmacias como el primer eslabón de la cadena sanitaria y –en muchas ocasiones– el único agente sanitario al que tiene acceso permanente la población rural». El Consejo General considera que estas farmacias «constituyen un elemento de cohesión social y de desarrollo, actuando como factor de arraigo y fijando población, lo cual tiene un impacto marcadamente positivo de cara a afrontar el reto demográfico».

 

Un primer paso

El Consejo puntualiza, sin embargo, que «estas medidas específicas para salvaguardar este tipo de farmacias solo son un primer paso» y añade que «es preciso que se completen con otro tipo de iniciativas que atiendan a su situación de vulnerabilidad económica y profesional derivada del aislamiento y despoblación del área donde radican, de la obligación de prestar un servicio permanente con un elevado número de guardias, o la dificultad para ampliar los servicios asistenciales o incorporar nuevas tecnologías». Entre las propuestas para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del modelo de farmacia, el Consejo General considera que «el índice corrector se siga aplicando a todas las farmacias que actualmente se benefician de ello, sin distinción de su ubicación. Todo ello, con el fin de no afectar la atención que se presta a los colectivos vulnerables, evitando que esta dependa de su código postal».

Propuesta de actuaciones

En el comunicado el Consejo General plantea a las Administraciones un conjunto de actuaciones para fortalecer la atención sanitaria y social que desarrolla toda la red de farmacias, especialmente desde el ámbito rural. Entre ellas, destacan:

  • La aplicación de incentivos fiscales
  • La remuneración de los servicios de urgencia
  • La concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA) en beneficio de la población a la que atienden, y entre los que se incluyen programas de adherencia, seguimiento y cronicidad; sistemas personalizados de dosificación; conciliación de la medicación al alta hospitalaria; y, por supuesto, la participación en programas y actividades de salud pública, prevención, cribado y detección precoz de enfermedades.
  • El desarrollo de actuaciones en el ámbito de los servicios sociales, impulsando su colaboración en detección de personas en riesgo de vulnerabilidad y atención social; la asistencia a drogodependientes; la detección de situaciones de abandono o soledad de personas mayores; o la ayuda a mujeres víctimas de violencia de género y/o violencia sexual.
  • La inclusión de las farmacias en los diferentes instrumentos de apoyo al ámbito rural, en especial a los fondos destinados a proyectos de innovación tecnológica, facilitando que la población rural acceda a estos servicios en las mismas condiciones de igualdad y equidad que la población urbana.

 

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