La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha hecho público el dato de que 684.000 ciudadanos, desempleados que han perdido su prestación, ya no tienen que aportar nada por los medicamentos que les receta el facultativo. Esto es así desde que en julio de 2012 entró en vigor la reforma del sistema de participación farmacéutica.
La controvertida aprobación del Decreto Ley 2/2013, de actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoprotésica, que pretende imponer a las oficinas de farmacia las condiciones mínimas para las prestaciones farmacéuticas, ha llevado a las farmacias valencianas a una situación de tensión y ha generado todo tipo de opiniones. La autora de este artículo ofrece una visión positiva y considera que el decreto valenciano puede ser visto como una oportunidad para todas las partes implicadas.
La secretaria general gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), Celia Abenza, y la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, firmaron el nuevo concierto entre el ISFAS y el Consejo General, por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica del primero a través de las oficinas de farmacia.
Difundir las recomendaciones sobre el uso de los nuevos medicamentos, incorporar criterios de eficiencia coste-efectividad y generar acuerdos de riesgo compartido. Estas son las tres estrategias clave identificadas por el CatSalut tras organizar, en noviembre de 2010, un task-force con representantes de Alemania, Reino Unido e Italia.