La Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, es el marco legal en el que se encuadran todas las disposiciones relativas, entre otras, a la evaluación, autorización, registro, fabricación, almacenamiento, distribución y seguimiento de la relación beneficio-riesgo de los medicamentos que hacen posibles las garantías de seguridad, calidad y eficacia de los mismos. Pues bien, el pasado 25 de julio se publicó en el BOE la Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico determinadas directivas europeas que pretenden mejorar los sistemas de farmacovigilancia y de entrada de fármacos falsificados y, aprovechando la ocasión, también se modificó la mencionada Ley de Garantías.
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