La primera repercusión de este decreto es que modifica drásticamente el modelo del sistema sanitario español. Se pasa de un sistema de salud universal a un sistema de salud por seguros médicos. Es decir, a partir de ese momento la sociedad queda escindida en dos, quienes tienen derecho a recibir atención sanitaria y quienes no tienen este derecho. Una segunda implicación es que se excluye de golpe y porrazo a más de 800.000 Personas (según datos del propio Gobierno) de atención sanitaria1,2.
A lo largo de los tres años transcurridos desde la aprobación del Real Decreto, diversos organismos internacionales de Naciones Unidas han advertido al Gobierno español de que la reforma sanitaria contraviene acuerdos internacionales de derechos humanos. Tanto el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, como el Relator Especial sobre Discriminación y la Relatora Especial sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos han instado al Gobierno a garantizar el acceso a la asistencia sanitaria de las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. Dichos organismos han recordado que las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Asimismo, el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha manifestado que la reforma sanitaria es contraria a la Carta Social Europea, de la cual España es Estado parte. Hasta la fecha el Gobierno ha hecho caso omiso de todas las recomendaciones1.
Pero es que, además, ni siquiera se está aplicando el Real Decreto de forma adecuada. Según el informe de Médicos del Mundo «Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo», además de que estas personas no reciben asistencia sanitaria cuando la necesitan, no están siendo informadas adecuadamente de sus derechos ni de las diferentes medidas «paliativas» que diferentes comunidades autónomas están poniendo en marcha, siguen produciéndose denegaciones de asistencia sanitara a menores de edad y a mujeres embarazadas cuando esta es obligatoria, sigue facturándose a estas personas sin recursos la asistencia sanitaria en urgencias, cuando debe ser gratuita y universal (incluso según el Real Decreto) y un largo etcétera2.
Es evidente que esta modificación no puede hacerse ni por un motivo de derechos humanos, ni por motivos de salud pública (donde uno de los elementos clave es la cohesión socio-sanitaria), ni por motivos éticos.
Pero entonces, ¿por motivos económicos?

EE UU es un ejemplo de país con un modelo de sistema sanitario por seguros médicos. Este sistema se caracteriza porque la atención sanitaria a cada Persona se paga por parte de un seguro médico y aquí hay varias modalidades. La Persona puede estar suscrita a un seguro estatal público, o ser privada, o incluso mixta. Así, si esta Persona acude a un hospital, por ejemplo, el seguro se hace cargo de forma total o parcial. Además, se establece la asociación entre tener un seguro y tener un trabajo, por lo que al final la exclusión del mercado laboral y la exclusión del derecho sanitario van de la mano, y esta es la tendencia y el modelo hacia donde se quiere avanzar aquí en España.
Douglas Kamerow, científico estadounidense firmó hace unos años un artículo titulado «Nuestro sistema sanitario americano de diseño perfecto» en la revista British Medical Journal en el que argumenta sobre los enormes agujeros socio-sanitarios de su país debidos a un modelo sanitario extremadamente ineficiente e inútil3. Por ejemplo, EE UU es el país del mundo que más invierte en su sistema sanitario. Repito: el que más invierte, es decir, su modelo de sistema sanitario lleva implícito que consume una cantidad ingente de recursos económicos (que se necesitan para pagar la carísima tecnología de última generación que ofrece la industria farmacéutica). España es el segundo país del mundo en consumo de medicamentos per cápita, es decir, que aquí también nos queremos aproximar al modelo estadounidense. EE UU invierte más de 5.000 € por persona y año en su sistema sanitario. Además, tiene acceso, como hemos dicho, a la mejor tecnología sanitaria del mundo, y lidera la investigación bio-médica mundial3. Es decir, destina más dinero que cualquier otro país del mundo a «salud», dispone de los mejores investigadores y médicos del mundo y cuenta con tecnología sanitaria de última generación. Resultado: la OMS, evaluando los resultados en salud que los sistemas sanitarios producen alrededor del mundo, en un informe del año 2000 situaba al sistema sanitario norteamericano en puestos inferiores en términos de calidad, accesibilidad, eficiencia y salud4. ¿Y cómo es esto? Porque 47 millones de norteamericanos no tienen acceso al sistema sanitario y, por tanto, esto degenera en problemas de salud pública que tienen un altísimo coste social, sanitario y también (por supuesto) económico. Porque en EE UU se ha ligado el empleo al derecho a asistencia sanitaria, es decir, si no tienes trabajo, estás fuera del sistema sanitario. Además, como no hay un sistema sanitario universal (sino uno fragmentado) no se pueden llevar a cabo programas de salud pública que lleguen a toda la población, y al no llegar a toda la población, fracasan. Además, en EE UU se hizo un trabajo de desprestigio de la atención primaria, a favor de la especializada, con lo que actualmente la atención primaria, en EE UU, representa un 30%3, lo cual es un despropósito para cualquiera que sepa un poco de sistemas sanitarios (entendido como un sistema que se organiza para garantizar la salud de las Personas de un territorio).
Pero es que incluso entrando en el despropósito argumental del Gobierno, el Real Decreto surgió con la intención de disminuir el gasto presupuestario en sanidad. Bien, ¿cómo ha repercutido esta exclusión a las cuentas públicas para reducir el déficit (supuestamente el objetivo del decreto)? La respuesta no está clara ni para el ministerio impulsor de la medida. La organización Médicos del Mundo recuerda que la norma «se aprobó sin que se haya dado a conocer públicamente un estudio de impacto y la memoria económica que lo acompañaba». Es decir, ni siquiera tomando en consideración un indicador cortoplacista y parco se conoce aún el impacto5.
Por lo tanto, si la modificación del modelo sanitario no responde a propósitos sanitarios, ni éticos, ni sociales, ni de seguridad, ni tampoco a criterios económicos, entonces, ¿a qué responde? Si los profesionales sanitarios que además somos ciudadanos no entendemos esto, ¿en base a qué tenemos que negar el acceso a asistencia sanitaria y a medicamentos a Personas que lo necesitan?
Señores, señoras, es mentira que no haya trabajo para nosotros. Hay mucho trabajo, muchísimo, sólo que no nos quieren pagar porque lo hagamos.

Bibliografía
1. Yo Si Sanidad Universal, SoMaMFYC. Informe REDES. Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria [Internet]. Zhurnal Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki. 2014 p. 32. Available from: http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:No+Title#0
2. Médicos del Mundo. Dos años de reforma sanitaria : más vidas humanas en riesgo. Madrid; 2014 p. 72.
3. Kamerow D. Our perfectly designed US healthcare system. BMJ Br Med J. 2008; 337(November): 2008.
4. World Health Organization. The world health report 2000: health systems, improving performance. Génova (Suiza); 2000 p. 215.
5. Olías L. El Gobierno no prueba el ahorro de excluir a miles de personas de la sanidad pública. El Diario.es [Internet]. 2014 Aug 31 [cited 2014 Dec 11]; Available from: http://www.eldiario.es/desalambre/exclusion-sanitaria-personas-probar-Gobierno_0_297470798.html

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