SIGRE asegura que «este supuesto proyecto no tiene absolutamente ninguna relación con la actividad medioambiental que realiza el sector farmacéutico» y lamenta que «la mala utilización del concepto SIGRE y de estas siglas puede dañar la imagen del sector y desprestigiar el esfuerzo colectivo de tantos profesionales que colaboran en esta labor medioambiental tan necesaria».
Por ello, en primer lugar, SIGRE quiere manifestar a la opinión pública que «todos los medicamentos depositados por los ciudadanos en los Puntos SIGRE de las farmacias son destruidos en cumplimiento de la legislación española y europea en materia de medio ambiente».
En su comunicado SIGRE recuerda que es ilegal la comercialización de cualquier medicamento que haya sido devuelto por el paciente a la farmacia, estando prohibido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud.
SIGRE es una entidad de capital completamente privado, constituida en 1999 por todo el sector farmacéutico, que no tiene relación administrativa con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ni con el Ministerio de Medio Ambiente y cuya actividad no está sujeta a concesión administrativa por parte de ninguna de estas instituciones, ni de ningún otro Ministerio.
Con su comunicado SIGRE también quiere poner de manifiesto que «es una entidad sin ánimo de lucro por lo que le está terminantemente prohibido obtener beneficios por su actividad» y que «el motivo de su creación fue permitir a los agentes del sector farmacéutico cumplir con la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases, garantizando, al igual que se hace en el resto de países de la Unión Europea, la recogida de los envases y restos de medicamentos de origen domiciliario para darles un correcto tratamiento medioambiental», tratamiento que implica necesariamente la destrucción de cualquier fármaco que haya sido depositado por los ciudadanos en el Punto SIGRE de la farmacia.