Esta medida la tomó en su momento el Gobierno autonómico andaluz como respuesta a la decisión que tomó el Gobierno de José Maria Aznar, que excluyó 661 medicamentos del pago de la Seguridad Social. A nivel periodístico, aquella acción fue bautizada como el «contramedicamentazo». Desde ese momento los pensionistas quedaban exentos de abonarlos, mientras que el resto de los usuarios aportaba un 40% del precio.
La Junta de Andalucía no tiene ahora margen para mantener su financiación, según fuentes de la Consejería, ya que la citada norma establece que «para excepciones es precisa la autorización expresa del Ministerio de Sanidad y la suficiencia financiera de la comunidad autónoma».
Esta medida ya ha sido enviada a todos los colegios de farmacéuticos de Andalucía, con fecha de circular de 31 de agosto, donde se informa a los colegiados de los cambios a los que deberán atender desde esta fecha de primeros de septiembre.