Antonio Mingorance, presidente de FEDIFAR, ha aprovechado la apertura de la Asamblea para, en un primer análisis del texto, afirmar que «entendemos que el borrador recoge, en líneas generales, nuestras principales demandas. En particular, el derecho al suministro de los almacenes mayoristas por parte de los laboratorios».
El texto presentado por el director general de Farmacia, Alfonso Jiménez, es un primer borrador que debe convertirse después en proyecto para ser finalmente aprobado por el Consejo de Ministros. «Es un primer paso, pero muy importante para que quede asegurado el abastecimiento a las oficinas de farmacia y a la ciudadanía en general», ha subrayado Mingorance, que considera esta normativa como «la única forma de garantizar que las empresas asociadas a FEDIFAR puedan seguir desarrollando su misión dentro del Sistema Nacional de Salud: poner a disposición de todas las farmacias todos los medicamentos comercializados en España para que cualquier ciudadano tenga inmediato acceso a su tratamiento».
El derecho al suministro de los almacenes ya estaba recogido en los artículos 64.1.c y 70 de la Ley de Garantías, de los que se deduce que los laboratorios tienen obligación de suministrar a los distribuidores, para que estos puedan asegurar la continuidad del abastecimiento. Sin embargo, hay sentencias judiciales que señalan la existencia del derecho a suministro pero, al mismo tiempo, aclaran que debe desarrollarse.
Según esta misma ley, las farmacias deben garantizar la disponibilidad de cualquier medicamento para preservar el derecho de los ciudadanos a elegir farmacia y al acceso a los medicamentos. Esto no es posible si la distribución no puede garantizar el suministro a las farmacias, pero la futura normativa debería evitar cualquier limitación de los ciudadanos a su tratamiento.
Además de la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior y de los presupuestos del actual, la Asamblea ha tratado el impacto de los dos reales decretos (4/2010 y 8/2010) aprobados el año pasado para recortar la factura pública en medicamentos. Estos recortes han supuesto una reducción de ingresos de 1.900 millones de euros en la distribución farmacéutica, lo que, unido a las medidas de recorte de las comunidades autónomas, está deteriorando la economía de las empresas de distribución y de las farmacias.
FEDIFAR insiste en que estas iniciativas de índole coyuntural no solucionan los problemas de financiación de la sanidad pública, y opina que se deberían adoptar medidas estructurales, fórmulas de ahorro de efecto menos inmediato pero de mayor calado; disponer de partidas presupuestarias finalistas destinadas a sanidad, y que el Sistema Nacional de Salud disponga de recursos suficientes.
De ahí que FEDIFAR considere positivo el anuncio del Gobierno de destinar 8.000 millones de euros adicionales a sanidad en los presupuestos de 2012. Para la patronal es más que urgente una financiación adecuada del sistema público de salud para garantizar la prestación farmacéutica tal como hoy la conocemos. Lo que también se considera imprescindible es asegurar que esos recursos se dedican a sanidad en general y a farmacia en particular. De hecho, la distribución confía en que los gobiernos central y autonómicos tomen más medidas en esta línea sea cuál sea el partido que ostente el poder.