Se trata de una norma con la que el Gobierno «quiere garantizar que la sanidad pública en España sea universal, gratuita y de la máxima calidad, pero además, económicamente sostenible y gestionada de un modo eficiente».
Un modelo universal
La ministra destacó que el Real Decreto «da continuidad a nuestro actual modelo sanitario» y avanza para conseguir la universalidad real de la sanidad para todos los españoles y extranjeros con residencia legal en España». «Con este Real Decreto», explicó Mato, «aseguramos el derecho de todos los españoles, estableciendo un único procedimiento de reconocimiento, el mismo exigible a ciudadanos de otras nacionalidades».
En cuanto a los extranjeros que no residen legalmente en nuestro país, la ministra recordó la necesidad de hacer frente a los abusos del denominado «turismo sanitario», denunciados por el Tribunal de Cuentas y que han provocado que sólo en un año España haya dejado de facturar 1.000 millones de euros a otros países por la asistencia médica y farmacéutica de 700.000 personas. Se trata de «ciudadanos que vienen, se operan y se vuelven a sus países de origen, siendo el Sistema Nacional de Salud el que debe hacerse cargo de los gastos», afirmó Mato. Por ello, señaló, se clarifican los procedimientos de acceso a la asistencia sanitaria «para evitar el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviese derecho a la tarjeta sanitaria».
Al mismo tiempo, la ministra expresó su compromiso de que el Ministerio vele porque se cumpla la asistencia sanitaria básica que reconoce la ley a los inmigrantes en situación irregular.
Un sistema más equitativo y justo
Uno de los principales objetivos del Real Decreto Ley es establecer una Cartera Común Básica de Servicios, partiendo de criterios de igualdad, calidad, eficacia y eficiencia. Se trata de un catálogo de prestaciones a las que tienen derecho todos los ciudadanos, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan. De este modo, se da solución a un problema que, en opinión de Mato, «estaba rompiendo la cohesión de nuestro sistema sanitario», pues en los últimos años se habían generado desigualdades en la atención en función del territorio, algo denunciado por el Defensor del Pueblo en sus informes de forma reiterada.
En cuanto a la cartera suplementaria es la que regulará las prestaciones cuya provisión se realiza de forma ambulatoria, que estarán sujetas, como hasta ahora, a aportación del usuario. Entre ellas se encuentran las ortoprótesis, los dietoterápicos, el transporte sanitario no urgente y la farmacia no hospitalaria. En este punto, el Ministerio ha optado por un sistema de aportación del usuario que considera más justo y solidario. Se trata de que aporte más el que más tiene y menos, o nada, el que menos tiene. Así, por primera vez, los parados de larga duración no tendrán que pagar por los fármacos, así como los titulares de pensiones no contributivas. En cuanto a los pensionistas, tendrán una aportación de un 10% en fármacos, pero con una limitación que asegurará que más del 90% de los jubilados paguen un máximo de 8 euros al mes por las medicinas. Las rentas más altas pasarán de pagar el 40 al 60% del precio de los medicamentos.
Con este nuevo sistema de aportaciones el Gobierno espera favorecer el uso racional de los medicamentos.
Eficiencia
La ministra defendió la búsqueda de la eficiencia en el Sistema Nacional de Salud para evitar el despilfarro que, por ejemplo, hace que cada año se tiren 3.770 toneladas de medicamentos en los puntos Sigre. Estas pérdidas de eficiencia, unidas a la falta de soluciones estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema, han hecho que el sistema sanitario acumule una deuda de 16.000 millones de euros con los proveedores sanitarios. Algunos cuentan con hasta 700.000 facturas sin pagar.
En su intervención, Mato también hizo referencia al elevado gasto farmacéutico en España, que sólo en recetas alcanza el 19,3% del gasto sanitario público total, una cifra muy superior a la de países desarrollados con sistemas de salud similares. Al mismo tiempo, en España el porcentaje de medicamentos genéricos dispensados (33,7%) está por debajo del de los países con mayor estabilidad económica de Europa.
Para alcanzar este objetivo, la ministra recordó medidas como el modelo de compras centralizadas, con las que se prevé conseguir ahorros de entre el 15 y el 50%, el fomento de los criterios de calidad asistencial, el fortalecimiento de la cohesión territorial y la consolidación del papel del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como garante del sistema sanitario público.
e-salud
La ministra también se refirió a la implantación de la llamada «e-salud» y recordó el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas para implantar la tarjeta sanitaria interoperable, que podrá ser utilizada en cualquier territorio. Asimismo, recordó el compromiso para impulsar la implantación total de la receta electrónica y de la historia clínica digital en todo el Sistema Nacional de Salud.
Instrumentos financieros
Otra de las herramientas para mejorar la gestión será el Fondo de Garantía Asistencial anunciado por Mato. Su función será cubrir la asistencia prestada por una comunidad autónoma a personas desplazadas desde otra o a pacientes de zonas limítrofes. Enmarcado en el Fondo de Cohesión, servirá para solucionar conflictos que han enfrentado a autonomías por la asistencia sanitaria a sus ciudadanos.
Para mejorar la eficacia y eficiencia, y para hacer frente a la nueva realidad sanitaria el Gobierno ha planteado esta Reforma. En palabras de Mato, «sería equivocado pretender que el Real Decreto se valore como resultado de un mero ajuste presupuestario», por el contrario, se trata de «reformas para garantizar el futuro del Sistema Sanitario Público».