En declaraciones a los periodistas, Montero ha explicado así que desde su departamento «seguimos con el cronograma previsto», lo que se traduce en que a partir del 1 de junio, «si no recibimos esa notificación del Constitucional», los laboratorios que se hicieron con el concurso andaluz «serán los que suministrarán a las farmacias los fármacos de esos laboratorios y el farmacéutico los dispensará normalmente».
Con esta medida la Junta espera unos ahorros para las arcas sanitarias, solo en el primer año de aplicación, de 40 millones de euros. Se trata de los tres grupos de medicamentos más consumidos por los andaluces, ya que anualmente se venden 22,6 millones de envases de protectores gástricos, estatinas e inhibidores de la agregación plaquetaria.
En cuanto a la instrucción judicial, Montero ha recordado que el Gobierno de España utilizó dos vía jurídicas, la del Constitucional y la contencioso-administrativa «contra la misma resolución del decreto de subasta de fármacos», lo que, en su opinión, ha motivado ahora que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla haya archivado el caso «al entender que ya existe una vía abierta en el Constitucional sobre el mismo fondo de la cuestión. «Parece ser que el propio abogado del Estado ha reconocido en su escrito, a instancias del tribunal de lo Contencioso, que no tenían que haber presentado el recurso al contencioso-administrativo porque no tiene sentido que en paralelo se lleve el mismo caso a un tribunal superior como es el Constitucional», ha aclarado Montero, para quien la «estrategia» del Gobierno español con esta forma de actuar, «pidiendo además en las dos vías la suspensión cautelar, era más frenar la subasta como fuera, que no que piensen realmente que existan un control de legalidad de invasión de competencias».
En cuanto al procedimiento abierto en el Constitucional, Montero ha asegurado que a su departamento «aún no ha llegado notificación del Constitucional de ese recurso», hecho que, a su juicio, puede deberse a los plazos legales que tiene el Alto Tribunal para ello. En cualquier caso, ha aclarado que en el caso de que llegase la notificación del TC, desde la Junta de Andalucía «siempre hemos trasladado que lo que el Gobierno llevó ante el TC fue la resolución del decreto, que ya terminó, ya que el objetivo de esa resolución era convocar el concurso para los laboratorios que quisiesen optar, proceso que ya terminó». «Es que ni siquiera está ya en vigor la resolución de la Gerencia del SAS; lo que está en vigor es el decreto, que no se ha llevado al Constitucional», ha proseguido Montero, quien no descarta que el Gobierno de Mariano Rajoy termine utilizando esa vía, ya que «previamente nos citaron a una mesa de resolución de competencias entre Gobierno y Junta, que por cierto no se llegó a convocar nunca, pero que se hace como paso previo a la interposición del recurso ya contra el decreto en sí y no contra la resolución».