Riesgo de desabastecimiento
AESEG asegura que la mayor parte de las 13 compañías seleccionadas en estas segundas subastas andaluzas son compañías exclusivamente comercializadoras, con una mínima cuota de participación y contribución al tejido industrial y al PIB, con estructuras que pueden afectar a la capacidad real de producción y a un regular abastecimiento. Considerando que actualmente el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el fondo del recurso presentado por el Gobierno central ante la normativa de subastas desplegadas por el Gobierno andaluz, la patronal AESEG ha expresado su confianza en que el Gobierno y la Administración central pongan en marcha los recursos necesarios para «garantizar el libre acceso al medicamento en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos del país, dentro de un marco jurídico estable y predecible que garantice a su vez la libre concurrencia e igualdad de oportunidades a todas las compañías farmacéuticas».
AESEG ha cifrado en 1.500 el número de despidos que se producirían en el sector si se implementase la segunda ronda de subastas de medicamentos en Andalucía. Además, ha calculado una caída de la productividad de un 15% y un descenso de la inversión en I+D de más de 20 millones de euros en el sector industrial de los medicamentos genéricos en el caso de ponerse en marcha esta iniciativa por parte de la Junta de Andalucía.
Según el presidente de AESEG, Raúl Díaz-Varela, «las compañías de la patronal AESEG siempre han manifestado su posición contraria a la aplicación de las subastas en Andalucía, por entender que se trata de una normativa contraria a la unidad de mercado, que impide al ciudadano el libre acceso al medicamento y que establece diferencias entre pacientes en función de la comunidad autónoma de residencia».