Cartera básica
La Cartera Común Básica, que incluye las prestaciones a las que tendrán acceso todos los ciudadanos españoles, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, no se actualizaba desde hace seis años. Por ello, se ha llevado a cabo una evaluación de las técnicas y prestaciones, bajo tres criterios generales:
1. Criterios de calidad y seguridad de los pacientes. Se establecen los requisitos de especialización, calidad y actividad mínima que deben reunir las unidades y servicios hospitalarios. En concreto, en las siguientes áreas: oncología, ginecología y obstetricia, cardiología y cirugía cardiovascular y trasplantes. Los requisitos a considerar en la planificación para los distintos recursos en la organización de los servicios serán: población de referencia, número de pacientes estimado, experiencia clínica, abordaje multidisciplinar, accesibilidad e indicadores de resultados.
2. Criterios de eficiencia organizativa. Se trata de ordenar los servicios con mayores cotas de calidad y seguridad, además de con mayor eficiencia en costes y tiempos.
3. Criterios de actualización de la cartera de servicios asistenciales. Con ellos, los expertos han trabajado en la detección de los servicios en los que es necesario modificar sus condiciones de uso o protocolizar sus actuaciones. Se han presentado los trabajos en las áreas de reproducción humana asistida, cribados neonatales e implantes oftalmológicos.
Cartera suplementaria
En la reunión, el Ministerio y las comunidades autónomas ratificaron también los acuerdos que completan la regulación de prestaciones incluidas en la Cartera Común Suplementaria. Además de la prestación farmacéutica, para la que el nuevo sistema de información funciona desde el pasado mes de julio, esta cartera incluye la prestación ortoprotésica, la dietoterápica y el transporte sanitario no urgente. Para todas ellas se han establecido excepciones en la aportación, por primera vez, para los parados de larga duración sin prestación. También estarán exentos los mismos grupos que en Farmacia: pensiones no contributivas, rentas de inserción, afectados por el síndrome tóxico y personas con discapacidad beneficiarias de la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad.
Farmacia
En materia de farmacia, se aprobó una propuesta de colaboración para la elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos. El objetivo es obtener un único informe que sea asumido y reconocido por todo el Sistema Nacional de Salud, definiendo la financiación específica para los pacientes en nuevos medicamentos. Asimismo, se dio el visto bueno a dos proyectos de Real Decreto: uno sobre distribución de medicamentos, cuya finalidad es evitar la entrada de fármacos falsificados en la cadena legal, y otro sobre terapias avanzadas.
Garantizar el suministro de medicamentos |
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Ayer, antes de la celebración del Consejo Interterritorial la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) manifestó la necesidad de que el futuro Real Decreto de distribución de medicamentos siente las bases para que «los almacenes de distribución mayorista (en su mayoría cooperativas farmacéuticas) tengan garantizado el suministro de medicamentos por parte de los laboratorios fabricantes y/o comercializadores, tal como se recoge en el artículo 70.2 de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios». Del mismo modo, SEFAC espera que en el futuro real decreto se mantenga una frecuencia de entrega para los medicamentos idéntica a la que actualmente se proporciona en la práctica, y en la que «los almacenes mayoristas tienen capacidad para realizar más de un envío en apenas 24 horas». SEFAC expresaba estas dudas porque en los últimos meses han circulado distintos borradores de real decreto promovidos por Sanidad que, en su opinión, «no garantizan de forma específica estos hechos, además de no haber sido consensuados con todos los agentes implicados y que dejan la puerta abierta a un suministro directo de los medicamentos a las farmacias por parte de los laboratorios». Considera la SEFAC que este hecho, aun siendo legítimo, «podría, en caso de extenderse sin condiciones, generar problemas serios de abastecimiento a todas aquellas farmacia ubicadas en pequeños núcleos de población y/o alejados, a los que podría no ser rentable transportar los medicamentos si no se garantiza el derecho a suministro a todos los almacenes mayoristas, tal y como sucede actualmente». |