Ambos colectivos están pendientes del Plan de Pago a Proveedores que se tiene que aplicar en breve y de que las leyes nacionales en materia de morosidad se pongan en marcha de manera automática, pues consideran que no se puede volver a esperar mecanismos de pago que no sean eficaces por la demora en su aplicación.
A todo ello se añade la situación que sufren algunos colegios profesionales ante la nueva Ley de Colegios Profesionales y Servicios, donde se les quita competencias para velar por el buen ejercicio profesional y para defender a los profesionales en sus diferentes facetas.