El trabajo, que refleja las principales dificultades a las que se enfrentan las personas que tienen limitaciones en su autonomía personal, vinculadas a aspectos de su vida cotidiana, muestra que la situación tenderá a empeorar en la próxima década.
Según señala Julio Sánchez Fierro, una de las principales conclusiones es que «es indispensable una urgente y eficaz coordinación de los servicios sociales y sanitarios a fin de ofrecer a las personas dependientes y a sus familiares los apoyos correspondientes en el ámbito que resulte en cada caso más adecuado, sea en su domicilio o fuera de él».
«Existe un alto grado de preocupación acerca de que en el futuro puedan producirse insuficiencias en los servicios públicos o en los recursos económicos para atender a las personas que, por razones de edad o de discapacidad, necesiten ayudas públicas», ha añadido, por su parte, José María Sansegundo.
Los resultados del estudio, que ha contado con la colaboración de la Fundación AstraZeneca y de la Universidad Europea, parten del análisis de las respuestas obtenidas de 401 hijos o cuidadores familiares de personas dependientes y de 400 personas de 50 a 80 años que actualmente no se encuentran en situación de dependencia (consideradas potenciales dependientes).
Necesidad de prestar atención a la dependencia
Uno de los aspectos a reseñar de este trabajo, a juicio de Federico Plaza, director general de la Fundación AstraZeneca, «es que se pone de manifiesto que existe un alto grado de concienciación ciudadana sobre la importancia de la dependencia y sobre la necesidad de prestar mayor atención a este problema». De la misma forma, añade Plaza, «el estudio muestra que preocupa a los ciudadanos la posibilidad de que en el futuro se registre carencia o insuficiencia de ayudas públicas para la dependencia y la atención sociosanitaria».
El estudio no sólo ha analizado aspectos básicos de la atención de los cuidadados de las personas dependientes, sino que también hace una prospección entre 2013-2022, y concluye que «para el año 2022 hay un escenario en el que el dependiente actual presentará un estado de salud que habrá empeorado mucho», lo que obligará a arbitrar las oportunas medidas asistenciales. Y es que, según detalla Julio Sánchez Fierro, «ocho de cada diez dependientes actuales presentará dentro de una década un estado de salud general que se podría calificar como malo o muy malo». Además, apostilla San Segundo, «en el 2022 habrá que sumar un considerable número de potenciales dependientes en razón del creciente volumen de población envejecida, lo que generara necesidades aún mayores de atención sociosanitaria».
También se puede constatar que en la actualidad sólo uno de cada tres entornos de personas dependientes está tomando o tiene previsto tomar medidas para prevenir una posible falta o insuficiencia de ayudas públicas en el futuro. Dicho porcentaje, subraya Sánchez Fierro, «es aún menor en el caso de potenciales dependientes, pues sólo uno de cada cinco está tomando o tiene previsto adoptar alguna medida».
Radiografía actual
El perfil más común del dependiente del presente estudio es mujer, mayor de 80 años, con un nivel de estudios bajo (primario o menor) y que dispone de unos 900 euros al mes, como máximo, para sufragar los posibles gastos que se deriven de su atención.
Las limitaciones severas más frecuentes y donde mayor grado de dependencia presentan los dependientes incluidos en el estudio son aquellas que se vinculan con aspectos con un fuerte componente de movilidad.
Más de la mitad de los dependientes del estudio reciben algún tipo de ayuda, ya sea a nivel asistencial en el domicilio donde reside, ayudas técnicas o personal, la adjudicación de un servicio asistencial o bien reciben cuidados en una residencia o centro de día/noche.
Entre las ayudas o servicios que más se reciben está la atención en el domicilio por parte de familiares (en 9 de cada 10 dependientes que reciben ayuda).
En cuanto al modelo futuro de financiación de los servicios a los dependientes, la mayoría opta por la implantación de unas tasas por el uso de tales servicios (en función de la renta del beneficiario/a), aunque otros preferirían el establecimiento de un impuesto específico, cuya recaudación se destinaría directamente a sufragar estos servicios o ayudas.
Previsiones y preferencias
«Si hiciéramos el ejercicio de proyectar el estado de salud general de la muestra dependiente en el 2022, comprobaríamos que pasaríamos de tener un 38,2% de dependientes en niveles de salud malos o muy malos a cerca del 81%, teniendo la mayor parte de ellos, dentro de 10 años, un nivel de salud muy malo», indican los autores.
Esto hace que en el 2022, el índice medio de salud de la muestra dependiente se situará en el 1,09 (en una escala de 0-5, donde 5 corresponde a un estado de salud excelente), lo que indica un estado de salud muy malo.
Lógicamente, a medida que el estado de salud actual del dependiente es peor, el pronóstico de evolución en los próximos 10 años es más negativo.
La mayoría de los cuidadores o hijos de dependientes consideran que éstos deberían seguir residiendo en el domicilio, y declaran su intención de solicitar ayudas para optimizar esta atención.
La residencia pública sería el tipo de residencia que mayor demanda tendría en el 2022, entre aquellos que consideran que la persona dependiente que cuidan, dentro de 10 años, requerirá ser atendido en un lugar especializado (en segundo lugar aparece la concertada, con un 21,6% de las preferencias).
De cara al futuro, sólo un tercio de los entrevistados o sus familias han tomado o tienen previsto tomar medidas preventivas ante una eventual insuficiencia de ayudas públicas en el futuro.
Las medidas concretas más comunes que se están tomando o se piensan seguir es destinar una partida económica familiar para la asistencia del dependiente (23,9%), la solicitud de una plaza en una residencia (11,0%) o contratar a una persona o cuidador (9,4%).
Perspectivas
Otro importante valor que aporta este informe es que permite hacer un exhaustivo análisis del dependiente potencial, es decir, de aquel que en aún no precisa ayuda, pero que, previsiblemente, en un periodo medio de tiempo sí que la necesitará.
Según la encuesta realizada, casi dos de cada tres potenciales dependientes entrevistados definen su estado de salud actual como bueno o muy bueno (el índice de salud general, promedio, de la muestra se sitúa en el 3,74 sobre 5).
Analizando las respuestas de los entrevistados acerca de cómo se imaginan que se encontrarán dentro de 10 años, se descubre que la mayoría considera que su salud variará poco, cerca de la mitad piensa que aunque ésta empeore sólo será algo y un cuarto cree que se mantendrá igual.
Son las mujeres y los mayores de 65 años quienes declaran que su salud, en los próximos 10 años, tenderá a empeorar más. Sin embargo, estas apreciaciones no parecen coincidir con las previsiones más realistas. La recreación del estado de salud futuro de la muestra, teniendo en cuenta su estado de salud actual y evolución, da un escenario para 2022 en el que crece el porcentaje de personas que tendrían un estado de salud general catalogado como malo o muy malo, así como se incrementaría el número de aquellos que estarían en un nivel regular.
Como advierten los autores de este informe, «la tendencia general es que a día de hoy los potenciales dependientes no están tomando ni tienen previsto adoptar medidas para hacer frente, ante una futura situación de dependencia personal, a la posible falta o insuficiencia de servicios o ayudas públicas».
Entre aquellos que sí lo hacen o tienen previsto hacerlo (poco más de uno de cada cinco entrevistados), el ahorro de dinero, ya sea a través de un plan de pensiones o de ahorro, es la medida más habitual.
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