La jornada sirvió de punto de encuentro de los distintos colectivos afectados por las subastas: desde médicos y farmacéuticos, hasta industria farmacéutica o asociaciones de pacientes. Gracias a esta variedad de perspectivas, la jornada buscó «ofrecer un panorama lo más completo posible de los aspectos más controvertidos de las llamadas subastas de medicamentos, y de analizar cuáles podrían ser las salidas más lógicas en beneficio de los pacientes y del Sistema Nacional de Salud», según destacó Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.
Convocatorias recurridas
Durante encuentro se recordó que las siete convocatorias de subastas han sido objeto de recursos de alzada y demandas ante lo contencioso-administrativo. Además, en 2012 el Gobierno central interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional
En el debate Julio Sánchez Fierro explicó que este recurso está fundamentado en tres argumentos: violación del principio de igualdad por discriminación de los pacientes en el acceso a los medicamentos, invasión de la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma, y ruptura de la unidad de mercado.
También en materia jurídica, Eduardo J. Martín Serrano, presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, expuso que el sistema de subastas podría estar vulnerando la Ley General de Sanidad, que establece que la asistencia sanitaria pública se debe extender a toda la población, y que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva.
Discriminación
En su intervención, Julio Sánchez Fierro también advirtió del riesgo de fragmentación del mercado a nivel nacional que pueden producir las subastas andaluzas. En este mismo sentido se expresó Eduardo J. Martín Serrano al afirmar que «el sistema de subastas puede suponer una ruptura en la unidad del mercado farmacéutico español, por cuanto anula el derecho de los ciudadanos andaluces a acceder a los medicamentos y productos sanitarios en las mismas condiciones que otros ciudadanos españoles».
Desde la primera convocatoria de las subastas, algunos laboratorios adjudicatarios han sido incapaces de proveer a las farmacias de manera sostenible. Esta situación, tal como reconoció Julio Sánchez Fierro, ha tenido que ser solventada precisamente por las compañías farmacéuticas que no participan en el sistema de subastas. Debido a los desabastecimientos, los farmacéuticos andaluces se ven obligados a sustituir los medicamentos adjudicatarios por otros, lo que genera confusión en los pacientes, especialmente en aquellos de mayor edad o polimedicados, y dificulta así la adherencia al tratamiento.
Ante la desconfianza generada por los continuos cambios en la medicación, la comunidad farmacéutica andaluza está respondiendo, a juicio de Julio Sánchez Fierro, «con profesionalidad y con una actitud que está permitiendo paliar no pocos problemas de desorientación y atención de los pacientes».
Ahorro: lejos del objetivo inicial
Otro de los asuntos debatidos por los expertos participantes en la jornada fue el de los efectos reales de ahorro derivados de las subastas, que fue una de las principales razones esgrimidas por la Junta de Andalucía para implantar este sistema.
Según los representantes de los juristas especializados en derecho sanitario en Andalucía y a nivel nacional, el ahorro en gasto farmacéutico logrado hasta ahora está lejos de los objetivos iniciales de la Administración andaluza. De hecho, según los datos de IMS Health, en 2012 el ahorro previsto de las subastas era de 40 millones de euros, mientras que la cifra final fue de 9,3 millones de euros. Situación similar se ha producido en subastas posteriores.
Asimismo, se cuestionó el hecho de que las subastas se hayan centrado en un enfoque sanitario economicista. «El objetivo de eficiencia del gasto público sanitario es importante, pero no puede legitimar cualquier tipo de medida», manifestó Julio Sánchez Fierro.