Por todo ello FEFE solicita que el Ministerio de Sanidad se mantenga firme y le brinda su total apoyo en contra del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales elaborado por el Ministerio de Economía. En opinión de FEFE «el actual modelo español de propiedad-titularidad es un modelo asentado y testado en nuestro país, que permite alcanzar el objetivo de 'interés público' sin menoscabar la calidad del servicio y evitando criterios puramente mercantilistas gracias al control que desde el gobierno y las CC AA se ejerce sobre la prestación farmacéutica».
FEFE afirma que el modelo que pretende el Ministerio de Economía no puede venir impuesto por Europa, ya que la mayoría de los países disponen de un modelo como el nuestro. Este es el caso, dice FEFE, de Alemania, Francia o Italia y nueve países más, a lo que añade que, además, «el Tribunal de Luxemburgo aboga por el modelo actual que dispone nuestro país, un modelo donde la regulación de la propiedad/titularidad exclusiva para el farmacéutico y la planificación con criterios geográficos y demográficos es compatible con el derecho de la Comunidad Europea y la Directiva de Servicios 123/2006/CE excluye expresamente a los servicios sanitarios y farmacéuticos».
Modelo en riesgo
Desde FEFE se afirma que con el cambio de modelo no se aumentará la competitividad en el sector, ya que está regulado por el Gobierno en precios y márgenes y, sin embargo, se romperá la cohesión social y territorial existente actualmente. El modelo pretendido «no nos llevaría a la liberalización del sector, sino a una concentración del mismo con establecimientos localizados en núcleos rentables y llevando a la desaparición de aquellas farmacias de poco interés mercantil y donde la densidad de población no sea elevada. Se pondría en riesgo la calidad de los servicios y generaría desigualdades en las condiciones de acceso al medicamento por los pacientes». Según estimaciones de FEFE si esta iniciativa legislativa llega a realizarse tres de cada cuatro farmacias cerrarían y se pondría en riesgo la continuidad de 22.000 autónomos y 60.000 puestos de trabajo directos.
FEFE defiende el actual modelo negándose a dejar los servicios farmacéuticos en manos de grupos económicos donde primarían los objetivos mercantiles y no la seguridad de los pacientes. El Estado y sus Administraciones perderían el control de la gestión del medicamento en beneficio del «oligopolio» resultante del cambio.
En palabras de Fernando Redondo, presidente de FEFE, «la oficina de farmacia no es un servicio profesional sino que es un servicio de interés general donde se prima la salud pública. Los que pretenden este tipo de desregulación anteponen las políticas de mercado a la protección de la salud de los ciudadanos y someten al medicamento a criterios de rentabilidad y no de salud».