Según ha afirmado el presidente del Colegio, Javier Tudela, el «único problema que se ha presentado a los farmacéuticos estos días ha sido la dispensación de medicamentos a clientes de otras regiones que acuden a las farmacias con recetas electrónicas que el sistema andaluz no puede leer porque sus tarjetas no están adaptadas al software con el que cuentan».
Esto ha provocado que el procedimiento para la dispensación de medicamentos para estos pacientes se haya ralentizado, ya que los farmacéuticos se han visto obligados a hacer la receta de forma manual, una por una, y llamar al 'call center' colegial para que se les autorice la retirada de los mismos. Así, los pacientes han tenido que esperar «bastante» tiempo a que se le pueda vender el fármaco.
Otros muchos han tenido que marcharse sin poder comprarlo porque, como ha indicado, las líneas telefónicas de los colegios se encuentran colapsadas. «Aunque debería haber tan sólo 150 llamadas, hay casi 2.000 diarias y, a pesar de tener 10 personas recibiéndolas, estamos resolviendo unas 1.200». Por tanto, «hay 600 llamadas que no se están atendiendo porque no tenemos capacidad», ha afirmado.
El Colegio de Farmacéuticos ha puesto en conocimiento de este problema al Servicio Andaluz de Salud y prevé que para el día 1 de agosto esté solucionado. Mientras tanto, reclama que los médicos receten en papel a los pacientes que vienen de otras comunidades. También son conscientes de que la situación se ha agravado por «la cantidad de visitantes de otras comunidades autónomas y extranjeros que hay en la provincia en estas fechas», ha expresado Tudela, por lo que ha rogado la colaboración de los ciudadanos: «Pedimos que los pacientes vengan bien identificados con su tarjeta sanitaria, con el número de historia clínica o con el documento de identificación nacional».
En este sentido, la Junta de Andalucía ha señalado que las recetas electrónicas establecen el ratio al que pertenece el paciente, precisando si es pensionista o activo. En el caso de estos últimos, los desplazados desde otras regiones pagarán el mínimo establecido que es el 40%, y, si les corresponde abonar más, la farmacia deberá reclamar la diferencia a la Comunidad de procedencia.