El presidente de la Federación de Farmacias de Galicia, José Luis Rodríguez Dacal, anunció que le presentaron al jefe del ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, una propuesta en la que el sector manifiesta su voluntad de continuar colaborando en la racionalización del gasto y buscando fórmulas que garanticen los derechos de los ciudadanos en materia sanitaria y que «no comprometan la calidad asistencial».
La propuesta de la Federación de Farmacias de Galicia establece las bases para un marco de estabilidad que «permita establecer una colaboración entre el sector y la Administración en materia farmacéutica». No son partidarios del ahorro al «coste que sea», de ahí que Rodríguez Dacal proponga, en nombre del colectivo que representa, un proyecto global basado en lo que señala la legislación nacional, que cubra todos los medicamentos genéricos y también aquellas marcas comerciales que estén en los mismos precios. Considera que esto garantizará la libertad de prescripción de los médicos y la elección del paciente para que se ajusten mejor a sus necesidades, manteniendo intactos los costes farmacéuticos.
Los farmacéuticos son conscientes de las dificultades presupuestarias que tiene el Gobierno autónomo, por lo que ofrecen a la Xunta la colaboración para fomentar el uso adecuado de los medicamentos y solucionar los problemas generados por la implantación del catálogo priorizado «sin menoscabar el derecho de los ciudadanos al acceso a todos los medicamentos clasificados como financiables por el Sistema Nacional de Salud». De este modo, señala el presidente del colectivo, se garantizará a las farmacias la gestión adecuada de los stocks que tienen en sus oficinas.
En el informe se da cuenta también de que tras la suspensión cautelar del catálogo de medicamentos el sistema informático de Galicia no se actualizó como esperaban los facultativos al no incluir en los ordenadores todos los medicamentos del nomenclátor nacional que fueron excluidos durante la aplicación de la norma gallega. De este modo, denuncian, siguen activos los medicamentos de menor coste, sin que se puedan recetar los de mayor coste. El departamento sanitario gallego asegura que ya se hicieron los cambios oportunos para que los facultativos puedan operar por medio de las recetas en papel o electrónicas.
Denuncian que se puedan dispensar determinados medicamentos de especial control en los hospitales gallegos, «una medida que genera desigualdad, perjudicando especialmente a los pacientes del rural obligándoles a desplazamientos constantes». Reivindican que la oficina de farmacia es el único establecimiento sanitario autorizado para dispensar al público medicamentos y productos sanitarios, como se establece en la Ley 29/2006, de 26 de julio.