En el comunicado Cofares asegura que «respetando en todo momento la investigación judicial, quiere ratificar públicamente que está persuadida de que el Grupo se ha mantenido siempre y en todo momento en la más estricta legalidad, siendo una empresa plenamente respetuosa con las buenas prácticas de la distribución farmacéutica, como así lo acreditan todas las inspecciones sanitarias».
Por ello, el Consejo Rector afirma que la cooperativa «es la primera interesada en clarificar la inexistencia de irregularidad alguna y colaborar en la investigación». Y a este respecto, se asevera en el texto que «si a lo largo de la investigación abierta por el juez, que está bajo secreto de sumario, se deduce que las personas imputadas han cometido alguna irregularidad a espaldas de la empresa matriz, Cofares depurará las responsabilidades correspondientes, habiendo contrastado las conductas de los responsables con la Comisión de Cumplimiento del Código Ético y de Conducta vigente en la compañía».
Se asegura, asimismo, en el comunicado que «Cofares se personará ante el juez como parte y se pondrá a disposición de la autoridad judicial para esclarecer cuanto antes lo que pueda serle solicitado».
Y se muestra firmeza al manifestar que «el Consejo Rector de la cooperativa no va a admitir, bajo ningún concepto, que se dañe públicamente la imagen de la empresa, ni que se ponga en duda el estricto cumplimiento de la legalidad en todos y cada uno de los procesos operativos que Cofares acomete, ni va a consentir tampoco que la profesionalidad de los trabajadores del Grupo se ponga en entredicho».
Cofares finaliza el comunicado expresando que su confianza en la investigación judicial es absoluta, pero puntualiza que «si ha podido haber algún comportamiento incorrecto, aquellos que lo hayan cometido, lógicamente, deberán asumir las responsabilidades pertinentes».