Este acuerdo supone la materialización física de un objetivo mutuo: colaborar en la adhesión de las oficinas de farmacia de Tarragona al sistema Arbitral de Consumo de la Agencia Catalana de Consumo y del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya, con respecto al tratamiento de las reclamaciones que planteen los ciudadanos cuando se sientan perjudicados como consecuencia de la compra de un producto no clasificado como medicamento.
«Desde el Colegio de Tarragona nos comprometemos a promocionar, entre las oficinas de farmacia de nuestra demarcación, la atención a las personas consumidoras de aquellos productos no medicamentos que pueden adquirir en las farmacias, con especial incidencia en los colectivos más desprotegidos, como las personas enfermas, las personas discapacitadas y las personas mayores, entre otros. Y también a propiciar el consumo responsable, con el asesoramiento a las personas consumidoras», ha manifestado Andreu Suriol, presidente del Colegio de Tarragona.
Hasta el momento, 184 oficinas de farmacia de Tarragona ya se han adherido a la Junta Arbitral de Consumo.