La AMYTS pide la retirada del anteproyecto de ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) ha hecho público un comunicado en el que pide la retirada del anteproyecto de ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid, al tiempo que solicita la justificación por parte de la Comunidad de Madrid de la necesidad de una modificación estructural en la asistencia que haga necesarios los cambios que propone el anteproyecto y la apertura de un diálogo transparente entre la Consejería y las profesiones afectadas «para resolver los problemas reales de la sanidad madrileña».

En el comunicado la AMYTS afirma que «la nueva ley, además de liberalizar el horario de apertura de las oficinas de farmacia, les otorgaría atribuciones para su participación en la asistencia sanitaria a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid» y que dicha participación «se realizaría en base al establecimiento de conciertos entre la Administración sanitaria y el Colegio de Farmacéuticos como representante de las oficinas de farmacia». Consideran, sin embargo, que en el anteproyecto de ley no se determinan las necesidades que se quieren cubrir mediante dicha colaboración «que justifiquen la necesidad de establecer esta colaboración» y «no se establecen ni estudian la implicación en las cargas de trabajo que dicha colaboración puede suponer, así como la derivación y posible eliminación de puestos de trabajo». Destaca, además, que «la falta de concreción de los límites de participación deja abierta la asignación a las farmacias de competencias propias de los profesionales de los centros de salud».

La AMYTS entiende que «dicha colaboración debería circunscribirse exclusivamente a aquellos aspectos relacionados con la prestación farmacéutica, y que debería hacerse, en todo caso, dentro de un plan integrado de atención en que se especifiquen claramente el papel de las farmacias y su coordinación con la actuación de los profesionales de los centros sanitarios». Respecto a dicho plan, considera que debería elaborarse previamente a cualquier alteración de la realidad asistencial, y con la presencia del resto de profesiones sanitarias implicadas y que «al no ser así, parece que se atribuyen funciones de competencia en lugar de colaboración», lo que «rompe la cohesión y coordinación que estructuralmente posee el sistema sanitario en sus actuaciones».

Opina, por último, que «dada la situación de sobrecarga que sufre en la actualidad la Atención Primaria de salud, nos enfrentamos a un desvío de fondos de la sanidad pública hacia otros destinos, en lugar de reforzar el nivel existente, que ya cuenta en su plantilla con farmacéuticos, y que ha demostrado con creces su eficiencia, calidad y satisfacción por parte de los ciudadanos».

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