Según la afirmación de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, la repercusión económica de esta medida será de 2.400 millones de euros de reducción del gasto en fármacos, lo que supone un 20% de la facturación total de las oficinas de farmacia del Estado. «Ante el descenso de un 20% de las ventas, tenemos que racionalizar al máximo posible la gestión de la empresa, ya sea ajustando el personal, porque no se puede mantener, así como racionalizando, también, las urgencias nocturnas. Allí donde, debido a los recortes presupuestarios, la Consejería cierra un servicio de urgencia nocturno, pues también es lógico que si no hay prescriptor no haya dispensador», expone Suriol.
Actualmente, la provincia de Tarragona cuenta con 326 oficinas de farmacia de las cuales hay 25 que no llegan a ser rentables, es decir, que no llegan a una facturación mínima. «Podríamos decir que estas 25 farmacias harían mejor negocio, en el sentido de que están perdiendo dinero cada mes, si las cerraran y fuesen a trabajar en la farmacia de un compañero, que no manteniendo una estructura que no da el sueldo de convenio de un farmacéutico», afirma Suriol.
Por otra parte, los farmacéuticos deberán intensificar la labor de asesoramiento que ya realizan para evitar errores de medicación y el correcto cumplimiento de los tratamientos, en especial con los pacientes polimedicados.
Un final de año difícil
Los farmacéuticos de Tarragona temen que de aquí a finales de año se pueda dar un incumplimiento por parte del Gobierno en el pago del gasto farmacéutico, como ya está pasando en Castilla-La Mancha o en las Islas Baleares.
Como manifiesta Suriol, «en Cataluña, desde hace más de un año, nos están pagando el 30% el día que toca y el 70% al cabo de 25 días. Esto supone que cada mes se vayan 300.000 euros en intereses para financiar este 70% restante de la factura».
A partir de septiembre, el Colegio de Tarragona tiene previsto reunirse con el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Cataluña para ver qué hay que hacer y tomar las medidas que se estimen oportunas. «Estamos pasando por momentos difíciles, pero de momento lo vamos soportando y llevando adelante. Continuaremos dando el servicio que damos, seremos accesibles, los usuarios pueden pedir consejo y se da gratuitamente y de manera profesional, pero, claro, si el Gobierno deja de pagar... lo pasaremos muy mal», concluye Andreu Suriol.