La Junta Directiva de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), reunida hoy en Madrid, ha decidido instar a los colegios oficiales de farmacéuticos, como firmantes del Concierto y depositarios de la factura, a que reclamen el pago de la deuda por vía administrativa y judicial y con carácter solidario al Sistema Nacional de Salud, comunidades autónomas, Ministerio de Sanidad, Instituto Nacional y Tesorería de la Seguridad Social.
«El nuevo Real Decreto Ley de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del SNS, aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto, tendrá un impacto directo en el sector de alrededor de 1.180 millones de euros, con enormes consecuencias en la rentabilidad, la calidad y el empleo».
Las últimas medidas de recorte propuestas por el Ministerio de Sanidad y Política Social y las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) no han dejado indiferente al sector. A las primeras reacciones críticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Farmaindustria se han sumado rápidamente otros representantes del sector, entre ellos la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), la Sociedad Española de Farmacéuticos Comunitarios (SEFAC) y los colegios de Barcelona y Valencia.
La derivación de medicamentos a dispensación hospitalaria se ha estancado en el mes de mayo, probablemente por efecto de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, que pone límites a la creación de nuevos espacios de dispensación fuera de la oficina de farmacia.
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y la Federación de Farmacias de Galicia (FEFGA) han emitido un comunicado en el que expresan su rechazo al catálogo gallego. Consideran que el levantamiento por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la suspensión del catálogo de medicamentos gallego olvida el principio de igualdad en el acceso a los medicamentos y la protección de la salud, derechos de todos los ciudadanos españoles que, dicen, deben primar sobre medidas que busquen la racionalización del gasto.
«Dada la actual situación económica, si es aplicada la revisión automática en la subida del 3% (IPC del año 2010, cláusula 4.2) afectaría negativamente a la estabilidad de muchos puestos de trabajo y representaría una carga económica inasumible para las oficinas de farmacia». Así lo ha manifestado hoy en rueda de prensa Juan Vacas, vicepresidente de FEFE y responsable de la negociación del Convenio Colectivo para Oficinas de Farmacia.