La oficina de farmacia rural es esencial. Y no lo es porque sus titulares sean mejores o peores que el resto o porque sean «el hermano pobre» de la farmacia española. Lo es porque es la base y justificación de nuestro modelo farmacéutico y porque es un pilar básico de la asistencia sanitaria en el medio rural, lo que la convierte en uno de los más importantes factores fijadores de población en estas localidades (si no el más importante). De ahí que me niegue a pensar que tanto la Administración como nuestros representantes profesionales opten por permitir que desaparezca, ya que, con ella, moriría nuestro modelo de capilaridad y la universalización del acceso al medicamento.
Desde SEFAR siempre hemos apostado por el establecimiento de un fondo de compensación para estas farmacias esenciales (como, por otro lado, existe en otros países de nuestro entorno) por un motivo muy sencillo: un modelo farmacéutico que se fundamenta en el derecho de todos los pacientes, residan donde residan, a disponer de una oficina de farmacia próxima por encima de un mero criterio economicista de rentabilidad no puede, a su vez, pretender que los ingresos de las pequeñas farmacias rurales, acuciadas por las medidas de contención del gasto y la despoblación, se basen en la ley del mercado y en el número de medicamentos o productos sanitarios dispensados. En los últimos años se ha abierto tal brecha económica entre unos tipos de farmacias y otras que, en un sector tan hiperregulado y cerrado como el nuestro, se nos antoja muy peligrosa.
Pero, aunque fundamental, la creación de este fondo de compensación no es la única solución para la farmacia rural. Se habla mucho de ello en innumerables ocasiones, pero ¿somos realmente conscientes de lo que significa disponer de una red de más de 22.000 establecimientos repartidos por toda la geografía española?, ¿somos conscientes, más allá de repetirlo como un mantra, de que la farmacia española llega a lugares donde no llegan ya ni los servicios públicos básicos, no sólo sanitarios, sino también de comunicaciones, transporte, infraestructuras, etc.? La red española de farmacias está escasamente aprovechada y, en el caso concreto de la farmacia rural (que, en la mayoría de las ocasiones, supone el único servicio profesional sanitario presente en estos municipios durante toda la jornada), esta infrautilización es incomprensible. Y no hablo sólo de servicios como el seguimiento terapéutico o la atención domiciliaria. La oficina de farmacia rural debería convertirse en un auténtico «punto de salud» más allá de la dispensación de medicamentos, acercando a la población aquellos servicios sanitarios de los que carece el medio rural. Un ejemplo es la telemedicina (que será una realidad en un futuro muy cercano y de la que SEFAR hizo una prueba piloto hace unos años con gran acogida por parte de los pacientes). ¿Por qué no aprovechar el tejido asistencial que supone la farmacia y su red segura de receta electrónica para ello? ¿Tan difícil es modificar, si fuese preciso, la legislación para adaptarla a los nuevos tiempos que corren? Es cierto que, tradicionalmente, a nuestro sector le ha costado acometer ciertos cambios, pero pienso que estamos plenamente formados y capacitados para asumir nuevos roles y que no podemos ni debemos quedarnos atrás porque todo lo antiguo acaba convirtiéndose en prescindible.