Me estoy refiriendo al Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, el cual se hizo público el pasado día 28 de diciembre de 2012 (obsérvese la inocentada) y que propugna, entre otros aspectos, la ruptura del binomio existente en nuestro país entre la titularidad y la propiedad de la farmacia.
Pues bien, esta propuesta de Anteproyecto es de tal relevancia que tenía pensado tratar en este número de otro tema, pero me parecía que no debía pasar por alto tal «bomba informativa» y al menos debería hacer algunas reflexiones.
Y es que en otros artículos he venido tratando la posición de nuestros tribunales así como de la Agencia Tributaria acerca de la posibilidad de que una oficina de farmacia sea propiedad de una sociedad mercantil o, lo que es lo mismo, de un no farmacéutico. Pues bien, todo lo dicho hasta ahora, de aprobarse la Ley de Servicios Profesionales tal como propone actualmente el Ministerio de Economía y Competitividad, no sirve para nada.
Para quien aún no esté muy informado de lo que pretende el Ministerio de Economía (lo que sería normal entre tanta fiesta navideña y demás), os comento que lo que se ha planteado es la supresión de la reserva exclusiva «de la propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico» manteniendo la reserva de que la dirección sea exclusiva del farmacéutico «garantizando así en todo caso la protección de la salud pública y la correcta dispensación de medicamentos». Además, se propone la supresión de la reserva exclusiva de la producción y conservación de los medicamentos a los farmacéuticos. Eso sí, se mantendría la colegiación obligatoria del farmacéutico.
¿Mejorar la competitividad?
Parece ser que con esta ruptura del binomio titularidad-propiedad en la oficina de farmacia se pretende mejorar la competitividad, así como permitir la libertad de acceso y ejercicio. Por lo tanto, parece ser que permitiendo que cualquiera pueda ser propietario ¿y titular? (el Anteproyecto induce a error) se mejoraría la competitividad en el sector farmacéutico, un sector que depende de una regulación en cuanto a los precios de los medicamentos.
También, se justifica el mencionado Anteproyecto por presiones europeas.
Seguro que muchos de los que estáis leyendo estas líneas compartís la opinión del Ministerio de Economía, así como seguro que, otros tantos, no estaréis de acuerdo.
No obstante, muchos os preguntaréis por qué esta propuesta la efectúa el Ministerio de Economía y Competitividad y no el de Sanidad, y es que el primero tiene entre sus competencias la de proponer y ejecutar al Gobierno cambios normativos con el objeto de mejorar la competitividad en todos los sectores. Mientras que el de Sanidad es el que propone y ejecuta la política del Gobierno en materia de salud y planificación, entre otros temas.
Esta distinción pone de manifiesto que los intereses de la ruptura del binomio titularidad-propiedad son puramente económicos y no sanitarios. Esto es, se estaría primando lo económico frente a la salud, permitiendo así que cualquiera con intereses económicos pueda ser propietario de una farmacia, incluidos los laboratorios y grandes establecimientos tipo Corte Inglés y Mercadona.
Esta ruptura, de producirse, supondría una importante modificación normativa, tanto en las leyes estatales como en las autonómicas. El principal ejemplo lo podríamos ver en la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento (Ley 29/2006, de 26 de julio) en la cual se establece la incompatibilidad entre el ejercicio profesional del farmacéutico en oficina de farmacia o en un servicio de farmacia hospitalaria y las demás estructuras asistenciales con cualquier clase de intereses económicos directos de los laboratorios farmacéuticos. Llama la atención que el artículo 3, que es donde se recoge esta incompatibilidad, se titule «Garantías de independencia». Esta «independencia» entre los distintos agentes que intervienen en el medicamento desaparecería si se permite que un laboratorio farmacéutico, por ejemplo, sea propietario de una oficina de farmacia.
¿Presiones europeas?
He dicho antes que el Ministerio de Economía y Competitiva alude a posibles presiones europeas para defender la ruptura del mencionado binomio, sin embargo, llama la atención el pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo el 19 de mayo de 2009 acerca de los Dictámenes Motivados abiertos a Italia y Alemania (en los cuales se cuestionaba la posibilidad de que no farmacéuticos pudieran ser titulares de oficinas de farmacia y explotarlas). Pues bien, como ya expuse en un anterior artículo, el pronunciamiento del Tribunal resultó ser contundente: los medicamentos no pueden equipararse con una mercancía, debiendo primarse, en todo caso, la salud pública. No obstante, el Tribunal Europeo consideró que limitar la explotación de la oficina de farmacia a titulados en farmacia podría vulnerar los principios de libertad de establecimiento y libre circulación de capitales; sin embargo, esto quedaría justificado por el objetivo de garantizar un abastecimiento de medicamentos seguro y eficaz a la población.
Por lo tanto, si las presiones no son europeas ¿de dónde vienen?
El hecho de que sea el Ministerio de Sanidad el competente en materia de planificación hace pensar que ésta no se modificaría y que, por lo tanto, no se daría una liberalización total que permitiera abrir en cualquier lugar rompiendo así el actual régimen de distancias. De modificarse esto sí que podría implicar un importante perjuicio para la salud, ya que veríamos concentraciones de farmacias en las zonas más atractivas económicamente hablando en perjuicio de otras zonas con menos interés.
Esperemos que una vez abierto el pastel no se lo repartan los que, desde hace mucho tiempo, tantas ganas tienen de hincarle el diente a nuestro actual modelo farmacéutico, el cual garantiza una atención farmacéutica profesional al 99% de la población.