La lista de 417 medicamentos excluidos de la financiación pública por el Ministerio de Sanidad debería contener más excepciones para salvaguardar los intereses de los pacientes y no generar problemas de salud añadidos que propicien mayores gastos para el sistema sanitario (en los anteriores procesos de desfinanciación se produjo un deslizamiento de la prescripción hacia productos más caros y no se redujo el gasto público en medicamentos).
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