La mesa contó con la presencia de Alba Vergés, candidata de Junts pel Sí; Enric Fernández-Velilla, representante del PSC; Marta Ribas, diputada y miembro de la candidatura Catalunya Sí que es Pot, y David Mejías, delegado territorial del Maresme y candidato por Barcelona de Ciutadans. Los representantes de CUP, PPC y UCD, que también estaban convocados, declinaron la invitación.
A diferencia de lo que está sucediendo en los debates de política general, en esta ocasión los representantes de los partidos políticos coincidieron bastante en sus opiniones y se manifestaron de forma bastante unánime en favor de una farmacia comunitaria más integrada en el sistema sanitario, una farmacia en la que se prioricen los servicios farmacéuticos profesionales, en la que el farmacéutico actúe como un verdadero agente de salud y en la que se estudien nuevas formas de remuneración. Hubo también un no generalizado a la entrada de grandes empresas en el sector y, en consecuencia, se rechazó la posibilidad de una liberalización de las farmacias.
Cuatro temas
El debate giró en torno a cuatro temas planteados por el moderador de la sesión, Òscar Doñate, miembro de la junta directiva de AFB: posibles cambios en el modelo actual de farmacia; nuevas competencias a asumir por las oficinas de farmacia; cambios en el modelo de retribución, y medidas para evitar los problemas de cobro que padecen las farmacias.
En la primera pregunta hubo coincidencia a la hora de valorar al farmacéutico como un agente de salud, por lo que se dijo que es necesario debatir el lugar que ocupa en el sistema sanitario dados los servicios profesionales que está capacitado para ofrecer y cómo se le debe pagar por ellos. Se trata, en definitiva, de reconocer los servicios que ya presta y ofrecerle la posibilidad de ampliar esta cartera de servicios.
Respecto a la Resolución aprobada en julio todos se mostraron de acuerdo en que es un buen punto de partida, el modelo que han de seguir los partidos políticos. De hecho, Marta Ribas instó a los farmacéuticos asistentes a no olvidarla y a «recordar a los políticos que se ha aprobado y que se ha de cumplir».
Sobre la posibilidad de cambiar el modelo de retribución de los farmacéuticos todos los participantes dieron una respuesta afirmativa, pero ninguno ofreció una solución. Coincidieron, eso sí, en que será complejo cambiarlo y que en todo caso el cambio se debe hacer desde dentro de la profesión. «No lo ha de decidir la autoridad sanitaria –dijo Enric Fernández-Velilla–, porque buscará el sistema más barato, que será poner unas tarifas que fijará unilateralmente y que irán en función de la actividad». Marta Ribas llegó a afirmar que si el cambio de modelo no se hace conjuntamente con los farmacéuticos «no será posible».
Cuando se llegó al tema de las medidas para evitar los impagos surgieron más diferencias. Desde la propuesta de ruptura ofrecida por Alba Vergés –«no podemos dar una solución milagrosa mientras dependamos del dinero que nos llega de Madrid, por eso proponemos gestionar nuestros recursos e iniciar un proceso constituyente para crear un nuevo país en el que la Administración no sea tan contraproducente con la iniciativa social y privada»–, al lamento por la falta de previsión del Gobierno, por los presupuestos irreales y por la forma en que se reparten los recursos (PSC, Ciutadans).
Independencia
Al final del debate se preguntó a los ponentes por las ventajas y desventajas de la independencia para la oficina de farmacia y como era de esperar ante esta pregunta la representante de Junts pel Sí, Alba Vergés, se quedó sola en la defensa de las ventajas: «No afectará sustancialmente –dijo–, serán necesarias muchas negociaciones, pero en todo caso en una Cataluña independiente todas las regulaciones de la farmacia las podremos hacer mucho más adaptadas a las necesidades del modelo catalán». El resto de los representantes, especialmente los de PSC y Ciutadans, pusieron el énfasis en las consecuencias negativas tanto a corto como a medio plazo y argumentaron, entre otras cosas, que la industria farmacéutica debería competir desde fuera de la UE, y que aunque Cataluña no saliera de la UE, en el momento en que dejara de ser España se quedaría sin suficiencia financiera.