Con todo, Montero ha puntualizado que seguirán con su actual concurso «para no perjudicar a los que ya se habían presentado» y estaban a punto de culminar su adjudicación, para lo cual estudian «ampliar el número de nuevas farmacias» que podrían salir fruto de los nuevos aspirantes que ahora sí pueden presentarse al concurso tras el fallo del TSJA, en referencia a cotitulares de farmacia y mayores de 65 años.
Frente a este argumento, la Plataforma ha criticado que «a días» de finalizar el concurso –antes de los cambios que ahora deberá introducir la Junta en cumplimiento de la sentencia del TSJA que han decidido no recurrir al Supremo– «muchos adjudicatarios se habían visto obligados a comprar o alquilar locales, ya que la propia convocatoria nos obligaba a presentar cierta documentación al día siguiente de la publicación de la resolución final del concurso». «Son más de 300 familias que en estos momentos se encuentran destrozadas moral y económicamente, y muchos de ellos virtualmente arruinados o con pérdidas económicas por las inversiones realizadas», señalan desde esta plataforma, que estiman que «la inversión media en el montaje de cada oficina de farmacia supera los 100.000 euros; se pierde una inversión privada de más de 30 millones de euros, por lo que sin duda iba a tener un efecto dinamizador sobre la economía andaluza». Critican, asimismo, el motivo esgrimido por la propia sentencia del TSJA, «en la que se daba la razón a una persona de más de 80 años que se consideraba perjudicada por no haber podido concursar».
Sobre la cuestión de no apelar al Supremo por parte de la Junta, han reprochado que hace unos meses salieron otras sentencias anulando el mismo precepto «y sin embargo la Junta las recurrió». La Consejería, argumentan, «debía haber hecho lo mismo con esta última sentencia e ir en casación al Supremo igual que hizo con las anteriores. ¿Por qué no se recurre ahora en casación esa sentencia para poder concluir con las últimas ratificaciones y sacar en días la resolución que cierra el concurso?», se preguntan desde esta plataforma, que lamenta «la imagen que está dando la profesión farmacéutica, muy perjudicada con todo este asunto».
«No entendemos como CEOFA ha creado este problema reclutando farmacéuticos mayores de 65 años para evitar las aperturas. Miembros de la patronal andaluza, por tanto, han impedido la creación de más de 1.000 puestos de trabajo», advierten desde la plataforma, que conmina a los miembros de CEOFA a dar explicaciones «sobre esta imagen que han dado». «Tampoco sabemos –añaden– si la explicación pueda estar también relacionada con la subasta de medicamentos, que parece que va a regresar del Constitucional de forma inminente, esta vez para quedarse. Lo veremos pronto». Por último, han criticado al «deslumbrante gabinete jurídico de la Consejería de Salud, que ha ido ralentizando todo el proceso para garantizarnos la seguridad jurídica que nos ha llevado ahora a donde estamos».