Con esta contundencia se expresa la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) en un nuevo comunicado relativo al Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, en el que también asegura que este RDL da lugar a «una amplia modificación legislativa que afecta a leyes tan importantes como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud o la Ley de Garantías, a la vez que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la necesaria transposición de varias Directivas Europeas abusando, como el anterior Gobierno, de la vía del RDL que hurta el derecho de participación a todos los agentes implicados».
Nuevas medidas sobre la oferta
En el comunicado la FEFE critica que algunas de estas modificaciones adolecen de falta de transparencia, «ya que no fueron expuestas ni en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial ni fueron comunicadas tras el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud ni después del Consejo de Ministros». «De hecho –añade–, en su comparecencia la ministra no realizó ninguna mención a ellas y, sin embargo, son de importante impacto económico para el sector farmacéutico».
Fefe se sorprende, además, de que nuevamente «se vuelvan a aplicar medidas sobre la oferta, a pesar de que éstas están ya agotadas, poniendo en riesgo la viabilidad de las farmacias y de los puestos de trabajo». Al respecto, puntualiza que «se vuelve a incidir en las escalas de deducciones», que aunque reconoce que mejoran mínimamente la situación de las farmacias de menor facturación, generada por la aplicación de todos los RDL anteriores, «penalizan de forma desproporcionada al resto». «A partir de una facturación media –explica el comunicado– se aumenta el porcentaje de cada escala en más de un 5%, llegando en los últimos tramos a una incautación superior al margen bruto correspondiente a ese tramo, obligando a una dispensación a pérdidas que de ningún modo puede tener cobertura legal».
Fefe entiende que habrá una rectificación de las escalas presentadas por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, porque está convencida de que son erróneas.
Alerta
Fefe pronostica consecuencias fatales derivadas de esta medida y contrarias a la aspiración del Real Decreto aprobado, ya que «empeorará la calidad y seguridad de las prestaciones farmacéuticas». Teme, además, que «esta doble imposición va a producir una restricción de stocks, numerosos despidos laborales y una reducción de horarios». E insiste en que «se va a producir una menor recaudación vía impuestos, se pagarán menos cuotas a la Seguridad Social y, por lo tanto, se reducirá el consumo y se incrementará el gasto de la Administración pública en prestaciones por desempleo».
Incertidumbre
En su comunicado Fefe también recuerda que según la legislación vigente y no modificada por este RDL, la oficina de farmacia es el único establecimiento autorizado para la dispensación de medicamentos al público y a este respecto puntualiza que el nuevo Real Decreto habla de una «prestación ambulatoria de servicios de farmacia» que no está definida en la Ley de Garantías, «lo que genera recelo e incertidumbre entre los profesionales farmacéuticos y entre los usuarios del sistema».