Andalucía comenzará en enero la primera convocatoria del concurso público de fármacos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto ley de Medidas Urgentes en Farmacia, que permitirá a la Administración autónoma sacar a concurso público los principios activos más comunes. El objetivo es que, gracias a la competencia que se pretende establecer entre las farmacéuticas, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) disminuya la factura de los medicamentos. Según la consejera de Salud, María Jesús Montero, el ahorro anual previsto estará entre los 40 y los 200 millones de euros. Montero también anunció que la primera convocatoria de concurso público se realizará en enero. Para esta primera subasta se han elegido tres de los «subgrupos terapéuticos» que más se consumen: los protectores gástricos (que en Andalucía suponen un gasto anual de 97,5 millones), las estatinas (empleadas para reducir el colesterol y que suponen un coste anual de 91 millones) y los inhibidores de la agregación plaquetaria, indicados para la prevención de coágulos para reducir el riesgo de infartos (47 millones).

El siguiente paso es su ratificación por el Parlamento andaluz. Sin embargo, Montero afirmó que, paralelamente, se hará la tramitación necesaria para que en enero se pueda abrir ese primer concurso público. La idea es poder extenderlo a otros principios activos a posteriori. El requisito que se debe cumplir es que varios laboratorios ofrezcan un mismo principio a precios por debajo de los fijados por el Ministerio de Sanidad. Hasta este momento, cuando un médico recetaba un principio activo, en la farmacia le podían dar al paciente cualquier marca que costase lo mismo o menos que el precio fijado por el Gobierno central. Lo que se pretende ahora es que siempre que se recete un principio activo la farmacia dispense la marca que haya ganado el concurso público y que, por lo tanto, haya ofrecido un precio más competitivo a la Administración.

Reticencias de los farmacéuticos

Esta norma sale adelante con las dudas del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, con el que Salud llevaba negociando desde julio. Hasta ahora el colectivo no ha apoyado este decreto ley. Incluso se baraja la posibilidad de que el Consejo acuda a los tribunales para intentar frenar las subastas de medicamentos. Pese a las reticencias de los farmacéuticos, la consejera sostiene que la medida no afectará a «los márgenes de beneficios» de las boticas, que seguirán siendo los mismos que ahora.

Montero ha recordado también que cerca del 22% del gasto sanitario andaluz se emplea en este momento en pagar la factura farmacéutica. En su opinión, la subasta de medicamentos es una buena «medida de ahorro» que no repercute en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Además, los facultativos podrán seguir recetando marcas concretas de medicamentos siempre que lo consideren necesario.

El decreto ley aprobado también servirá para poner en marcha la factura informativa en las farmacias. De esta manera, los farmacéuticos deberán entregar el ticket de cada medicamento a lospacientes. Por último, en la norma se incluye la creación de un fondo especial para reactivar las farmacias rurales. El objetivo es que el 10% de lo que se ahorre con las subastas se destine a este tipo de dispensarios.

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