El conjunto de servicios asistenciales ofrecidos desde las oficinas de farmacia diferentes a la dispensación deben ser retribuidos. El farmacéutico es un importante agente de salud y su trabajo junto con otros profesionales mediante un sistema retributivo de los servicios que ofrezca hará posible su desarrollo profesional y contribuirá en gran medida a la sostenibilidad de la farmacia comunitaria y del Sistema Nacional de Salud. Con las continuas reducciones de márgenes y precios de los medicamentos será difícil mantener la calidad de nuestros servicios si estos no son remunerados.
Existen diversos factores que favorecen el desarrollo de variedad de servicios en nuestras oficinas de farmacia, como son la masificación de los servicios sanitarios públicos, las necesidades crecientes de los pacientes o los ahorros reales para el Sistema Nacional de Salud que la prevención y cribado de enfermedades o la educación sanitaria pueden generar.
Dentro de la cartera de servicios de la oficina de farmacia debemos diferenciar entre dos tipos de servicios: aquellos que deben ser retribuidos por la Administración y los que han de ser abonados por el paciente directamente en la oficina de farmacia.
En el caso de la Administración, la implementación en las farmacias de una cartera de servicios es una oportunidad para defender una farmacia centrada en el paciente y su salud. La retribución al farmacéutico por una labor de prevención de la salud generará, sin duda, un ahorro de costes al sistema sanitario mayor de lo que es el gasto por el pago del servicio al farmacéutico. Buen ejemplo de estos ahorros son los resultados obtenidos en las pruebas de detección precoz de VIH o realización de cribados.
En la actualidad, el principal problema radica en conseguir llegar a un acuerdo con la Administración para hacer posible esta vía retributiva, cuando en muchas comunidades autónomas no se está abonando la factura de medicamentos a las farmacias por falta de presupuesto.
Personalmente no creo que la Administración a corto plazo vaya a retribuir una cartera de servicios para la farmacia, aun con los ahorros que ello supondría para el sistema en el medio plazo. Es por esto por lo que debemos desarrollar un mecanismo de pago por servicio en el que el paciente entienda la repercusión en salud que tiene dicha acción y esté dispuesto a asumir el costo que ello suponga.
La aplicación del copago sanitario ha favorecido una visión de la sanidad como un servicio no totalmente gratuito, pero aún nos falta formar al paciente en la cultura del autocuidado. Para el desarrollo de una cartera de servicios debemos seleccionar los más adecuados a cada oficina de farmacia, en función de la formación del equipo –en muchos casos se precisa una titulación específica adicional–, el espacio disponible y la motivación del personal. Deben ser servicios que aporten valor añadido en la atención a la salud del paciente y promoción de salud pública. Un claro ejemplo de este tipo de servicios son la atención dermofarmacéutica o el asesoramiento nutricional; en ningún caso aquellos que carezcan de una función sanitaria, alejados del medicamento y productos sanitarios.
En definitiva, la cartera de servicios al margen de la dispensación debe ser remunerada para poder desarrollarse de una manera viable para la oficina de farmacia.
Pago por servicios, el camino del siglo XXI
Pilar Méndez
Ex secretaria de
Desde hace años asistimos a un deterioro progresivo de las condiciones económicas del sector farmacéutico y, más concretamente, de las farmacias comunitarias, muchas de las cuales se encuentran al límite o viven ya en unas condiciones claras de inviabilidad financiera. En este contexto es habitual encontrarnos con distintos debates o preguntas relacionadas con el camino que debe seguir la farmacia comunitaria para garantizar no solo su supervivencia económica, sino también su justificación y su valor profesional y sanitario.
Entre esos debates se encuentra el de plantear un catálogo de servicios. ¿Qué servicios deberían incluirse en ese catálogo? ¿Deben pagarse? ¿Cómo y quién debería hacerlo? Sin duda, son muchas preguntas a las que no es fácil dar respuesta, pues hay demasiados factores que conviene analizar con mimo.
Desde mi punto de vista es innegable que si el farmacéutico comunitario quiere cubrir las necesidades actuales de los pacientes que utilizan medicamentos, garantizar la viabilidad de su farmacia y demostrar su potencial sanitario, debe construir un catálogo de servicios que dé respuestas a las múltiples necesidades que tienen los pacientes. Esto es algo que nos demandan no solo otros agentes sanitarios o la Administración, sino también el conjunto de la sociedad, aunque sea de forma indirecta, pero que, sobre todo, debemos exigirnos nosotros mismos si queremos reforzar nuestra posición como profesionales de la salud favoreciendo que la farmacia colabore en la obtención de resultados en salud de la población y no limitándonos a actuar como simples proveedores del medicamento. El catálogo de servicios puede posicionar al farmacéutico comunitario en un rol de mayor protagonismo en la asistencia integral al paciente.
No dudo que debemos caminar por la senda de servicios ligados al conocimiento y de que estos deben ser remunerados si queremos que el trabajo que realiza la farmacia sea valorado desde fuera y sostenible desde dentro.
Por todos es conocida la frase de que lo que no se cobra no se valora, y en el caso que nos ocupa creo que esto ya no es una cuestión debatible. Es, simplemente, un hecho que hay que trasladar a la práctica más pronto que tarde a pesar de las barreras existentes, que no son pocas (entre ellas también la resistencia de parte del colectivo a desarrollar o implantar algunos de estos servicios), pero que debemos superar si queremos que la farmacia comunitaria y asistencial entre de lleno y tenga futuro en el siglo XXI.
Otro aspecto posterior sería definir quién tendría que pagar dichos servicios y por cuánto, pues en este punto hay también distintas posibilidades, desde la Administración hasta las compañías aseguradoras pasando por los propios pacientes de forma directa. Todas pueden ser válidas por separado o a la vez, pero al menos en beneficio de la equidad y del interés general, sí creo que la Administración debería velar por que aquellos servicios que se considerasen esenciales (y que podrían estar incluidos en una cartera específica) estuvieran cubiertos para los pacientes españoles que los necesitaran y no dispusieran de recursos suficientes.
En cualquier caso, debemos dar ese primer paso de crear un catálogo de servicios cognitivos acordes con lo que queremos ser. No olvidemos, ni dejemos que nadie lo haga, que la farmacia comunitaria es el primer y último punto de interacción de los pacientes con el sistema sanitario y solo si partimos de ese convencimiento lograremos que nuestros interlocutores (pacientes, sanitarios y administración) sepan lo mucho que podemos hacer por ellos y nos lo reconozcan. Desde SEFAC somos muy conscientes de esto y por eso ya estamos trabajando para aportar propuestas concretas en esta dirección.