La filtración del borrador de un anteproyecto elaborado por el ministro de Economía, en el que se propone separar la propiedad de las farmacias de su titularidad, permitiendo que la propiedad de las oficinas pueda corresponder a personas no farmacéuticas, ha vuelto a encender las alarmas en un sector que vive en un continuo sobresalto, lo que no ayuda a la adopción de medidas ponderadas y favorece la tendencia a sostener posturas numantinas.
Todo ello dificulta la necesaria objetividad que permitiría comprender que hay que defender la unión de la propiedad y la titularidad, pero que al mismo tiempo es preciso abordar reformas que promuevan el cambio y la actualización de medidas muy antiguas y desfasadas, cuando no contraproducentes. Habría que replantearse muchas cosas, como la proliferación de pequeñas farmacias con escasos recursos financieros, que carecen de viabilidad económica en el actual escenario de crisis, o como la planificación de las aperturas en función de módulos de población y distancia que no solo no cumplen en la actualidad función sanitaria alguna, sino que han permitido la apertura de muchas más farmacias de las necesarias, comprometiendo así la viabilidad del modelo que la planificación se propone defender. Y eso sin olvidar el hecho fundamental: la formación del farmacéutico, su retribución, y el desarrollo de habilidades asistenciales que alejen al farmacéutico de la mera dispensación. Deben acometerse muchos cambios, no para mantener como sea un modelo amenazado, sino para armar a los farmacéuticos con las habilidades, realmente desempeñadas, que les hagan imprescindibles. Nada más engañoso que, bajo el reclamo de la libre competencia, hacer competir al fuerte con el débil, al poderoso con quienes carecen de poder, y llamar a eso democracia y economía de mercado, cuando no es más que una estrategia para que el poderoso descabalgue al débil y este ya no pueda hacerle competencia alguna. No resulta estimulante ver la defensa numantina de muchos representantes profesionales, pero lo es todavía menos ver que, en momentos de crisis como los actuales, la misma Administración que incumple sus compromisos y pagos no tenga otras propuestas que el copago (que perjudica a los pacientes), la exclusión de medicamentos hasta ahora financiados y la liberalización exclusivamente de la propiedad cuando, puestos a liberalizar, debería ser probablemente lo último en liberalizarse, olvidando todas las reformas necesarias en beneficio de los ciudadanos. De modo que lo único que se propone es una medida que no soluciona nada, que no liberaliza aquello que pudiera ser liberalizado y que, lejos de tener efectos liberalizadores, favorecería el oligopolio, la concentración de farmacias en unas pocas manos más preocupadas en obtener rápidos y jugosos beneficios que en concebir la farmacia como un servicio asistencial, como un derecho de la ciudadanía. En tiempos de zozobra, todo lo que se le ocurre al Ministerio es proponer una medida que carece de todo efecto benéfico, que es falsamente liberalizadora, que solo beneficia al gran capital que hace tiempo desea entrar en el sector. No se propone ni una sola medida que pueda mejorar el servicio farmacéutico que reciben los ciudadanos. La crisis, lejos de aprovecharse para proponer mejoras, es la excusa para mantener todas las disfunciones y aumentarlas acometiendo una reforma no necesaria, la de la propiedad, mientras se deja intocado el problema esencial: qué papel sanitario debe desempeñar el farmacéutico, cuál debe ser su formación, cómo debe ser retribuido, qué debe exigirse a un local, la farmacia, y a un profesional, el farmacéutico, para que ambos cumplan la función que justifica su existencia. La crisis como oportunidad, sí, pero para aumentar la desigualdad y conservar las disfunciones y la ineficiencia: ¡todo un programa!